Reformas electorales

b) refundación del sistema político (mecanismos de democracia directa y participativa, reconocimiento del pluralismo jurídico y político); y c) gobernabilidad democrática (deconstruir el estéril espectro de políticas públicas para avanzar hacia una calidad y efectividad de la instituciones de la democracia).

Dentro de las principales propuestas de reforma electoral están las siguientes: instituir el voto en el extranjero para elegir presidente, diputados y consultas populares; incremento del financiamiento público (US$4 por voto válido); disminución del financiamiento privado; regular procedimientos y normas para elección de diputados y alcaldes (sistema uninominal); robustecimiento del TSE (incremento del 0.5 al 1% del presupuesto general del Estado); penalizar el traslado de votantes; endurecer los procesos de auditoría financiera a los partidos políticos (las contribuciones no podrán ser anónimas); número fijo de diputados al Congreso (propuesta de 160) —el dilema politizado sobre el urgente y nuevo censo poblacional—; limitar la reelección de los secretarios generales de las organizaciones partidarias; incremento de las multas por faltas electorales (US$5 mil hasta US$100 mil); y la paridad de género y étnica en planillas (hombres y mujeres intercalados, y en distritos de mayoría indígena, xinca o garífuna, el 50%).

La reforma electoral es un parteaguas en las relaciones de dominación establecidas, ya que modifica las correlaciones de fuerza entre los actores hegemónicos “entrañas del poder” —oligarquía tradicional, hampa del ejército, facción conservadora de la iglesia— y emergentes “periféricos al poder formal” —narcotráfico, Mipymes, cooperativistas, ONG, etcétera—, que buscan controlar los negocios de la Administración Pública, pues el Estado es el mejor y eterno cliente, y además el subsidiario de la bonanza del sector privado organizado (concesiones, desregulaciones, entre otras).

Por otro lado, es importante mencionar que si románticamente se lleva a cabo dicha reingeniería política —mutilada por los jeques parlamentarios y donde obviamente no se harán harakiri los caudillos y operadores del capital—, implícitamente la agenda de intervención de los cooperantes internacionales está en víspera; pues la reforma electoral tiene efectos de mediano y largo plazo en las lógicas del desarrollo nacional, y donde las justificaciones de asistencia técnica y financiera tendrán que reinventarse a manera de ser sutiles en su abanico de estratagemas de injerencia y adaptabilidad, dadas las nuevas reglas de juego y dinámicas subalternas del poder.