La carreta por delante

y por lo mismo no puede dar los resultados que se esperan. Alguien puede creer que si no le hace caso a los resultados de los exámenes que le indican que tiene cáncer nada le pasará, pero lo cierto es que si uno niega la evidencia y la realidad se podrá engañar a sí mismo, pero no logrará con eso cambiarlas.

En este caso el problema es muy claro: las autoridades no han hecho bien su trabajo de garantizar la seguridad de la población y velar porque se imparta justicia. Por supuesto que este argumento aplica para muchos otros crímenes y no solo el robo de celulares, pero eso no lo hace menos válido. Hasta la fecha no me queda claro si la falta de acción de parte de las autoridades en este tema se debe a ineptitud, corrupción o simple indolencia, ya que hay evidencia de las tres.

Entiendo que, ante la renuencia de las autoridades de hacer su labor, sea por la razón que sea, algunos optaron por buscar otra forma de paliar el problema en lugar de atacarlo. De allí surge el decreto de marras que, en resumen, nos pasa a los ciudadanos honrados el costo de la inacción de las autoridades, sin ninguna garantía de que el problema se vaya a resolver.

El resultado probable de la nueva legislación será encarecer el servicio y dificultar su acceso a la mayoría de la población. De un solo plumazo, los diputados probablemente echen a perder una de las pocas ventajas competitivas que teníamos en el país en este mundo globalizado. Pero claro, pensar en eso rebasa los alcances de los “padres de la patria”.

El registro de los celulares impondrá un costo altísimo que todos tendremos que pagar, comparado con los resultados que se obtendrán. Registros similares no han funcionado en otros países, ¿por qué habrían de hacerlo aquí? Por lo menos lograron rescatar algo el sistema, al hacer que lo llevaran las telefónicas y no alguna oficina burocrática, pero eso de todos modos no lo hará exitoso.

El caso de las extorsiones desde la cárcel es lo mismo. En lugar de poner bloqueadores de señal y acabar con el problema de raíz, se fueron por las ramas. Hay que recordar que las autoridades ya se gastaron bastantes millones de quetzales en bloqueadores que no han querido utilizar. ¿Usted realmente cree que con esta legislación se resolverá el problema?

En la breve extensión de este artículo no puedo detallar todos los problemas que le encuentro a esta legislación. Si quiere conocer más, en mi página en Facebook (fb.com/jjliber) pondré vínculos a algunos análisis más detallados que otras personas ya han hecho.