Tarde, pero llegó

que votaron en contra de un pueblo que los eligió en mal momento y que necesita urgente seguridad y no más muertos. La historia los juzgará.

Obligado será, así lo esperamos, que las autoridades específicas, Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil, Ministerio Público y tribunales, cumplan con su deber y apliquen con drasticidad el contundente contenido de esta ley, en cuya aplicación también están involucradas las empresas telefónicas, a las cuales se les deja deplorablemente, un increíble lapso de tres años para activar dos listas, una blanca para los aparatos comprados y otra negra para los robados. Algunas de las instituciones citadas, así como el Movimiento Projusticia y Organizaciones Civiles Unidos, participaron acertadamente en las deliberaciones de este reglamento. Felicitaciones.

Los habitantes de este amado pero sufrido país que añoramos la paz, confiamos en que la inseguridad y violencia sean golpeadas fuertemente, pues como todos sabemos, existe el incumplimiento de tantas leyes desde muchos años atrás, por falta de visión y acción de algunos gobiernos que les valió su compromiso de proteger a la gente honrada, responsable y trabajadora que votó erróneamente, grave situación que viene acarreando crisis de toda índole.

Esta norma en torno a los celulares era esperada desde hace cerca de ocho años. Insólito, pero algunas iniciativas fueron engavetadas en el afamado Congreso, en total desprecio a la vida de los guatemaltecos, es más, despreciable, y funesta inconsciencia social.

El trágico camionetazo en San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, con 50 muertos y 35 heridos a la fecha, también ha motivado interés para la presentación de otra iniciativa que pueda corregir de manera urgente el desordenado transporte colectivo que marca constante luto en la familia guatemalteca. Esta acción ha contado con el valioso e insistente concurso de autores de columnas de opinión, medios de comunicación radial, escrita y televisiva, y diversas entidades civiles. Ojalá sea emitida lo antes posible con severas medidas para su debido respeto, sin tomar en cuenta un punto anunciado por un diputado de que los choferes de buses deben conducir a 85 kilómetros por hora. ¡Qué barbaridad!

Se anuncia, además, el funcionamiento inmediato de 30 puestos de control en carreteras, deberían ser más, a cargo del departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Todos ignorantes nos preguntamos ¿por qué hasta ahora todas estas medidas? Deberían estar en plena aplicación desde hace mucho tiempo, con lo cual se hubiese evitado trágicos y dolorosos hechos. Varios columnistas hemos enfocado buena mayoría de estos urgentes temas de interés ciudadano. Que agradable es servir.