Urge una campaña de desarme

Con el objetivo de impedir que los jueces apliquen medida sustitutiva a las personas que porten armas de fuego ilegales, el Congreso reformó el miércoles el Artículo 264 del Código Procesal Penal (CPP). Las personas consignadas ante los tribunales por reincidentes o delincuentes habituales sindicados de portación ilegal de armas ya no gozarán de fianza alguna. Serán procesados so pena de purgar de 8 a 10 años de prisión.

Del total de muertes violentas que se registran, el 79% ocurre por estos objetos. De las más de 459 mil armas registradas existen 90 mil licencias de portación en manos de 60 mil guatemaltecos que cuentan con autorización, señala la Dirección General de Armas y Municiones (Digecam). Pero lo preocupante es que más de 800 mil circulan de forma ilegal y se utilizan en hechos delictivos.

De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Gobernación, en 2012 fueron capturados 2,943 personas por portación ilegal de estos objetos, y en lo que va de 2013 suman 1,200 los arrestos; la mayoría de los capturados por ese delito quedó en libertad porque los juzgados los beneficiaron con fianza o no encontraron suficientes elementos para procesarlos.

La reforma realizada al CPP es un importante paso para la reducción de la violencia. Pero indudablemente su efecto redundará en el aumento de la población reclusa del país. Si con la cantidad actual de reos (15,097), las cárceles están colapsadas, con los posibles infractores que portan armas ilegales (que ya no gozarán de medida sustitutiva), se incrementará el hacinamiento de las prisiones de la nación.

Según estadísticas del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) el 6.3 por ciento de los reclusos está privado de libertad por ese delito.

Es importante que las autoridades presten especial interés al asunto, considerando que en Guatemala es típico que a los grandes males se les ataque con reformas o nuevas legislaciones, que en la práctica no surten efecto o generan otros problemas.

Tanto el Gobierno como la sociedad civil deben impulsar una campaña de desarme a fin de retirar las armas de fuego ilegales de la población. En otros países se han impulsados acciones en ese sentido; recientemente, las autoridades de Sonora, México, canjearon armas por vales de despensa; en Los Ángeles, California (EE. UU.), las autoridades lanzaron una campaña de recompra, que fue todo un éxito. Las campañas de recompra se han implementado en el Reino Unido, Colombia y Brasil, entre otros.

Nadie ignora que el uso frecuente e indebido de armamento no es más que el síntoma y la expresión de otros problemas de fondo, de carácter estructural. El problema no es solo el de oferta y fácil acceso a estos productos de procedencia ilícita, sino la existencia de circunstancias sociales y políticas (fragmentación social, exclusión de la juventud, desempleo, polarización social y política, etc.), que genera demanda de instrumentos de violencia y confrontación. Detectar, reconocer y actuar sobre estas raíces que generan violencia y facilitan el recurso a las armas será, por tanto, la forma más eficaz de combatir la violencia en nuestra nación.