Guardia pretoriana

¿Derroches presupuestarios?

Con el mega presupuesto general del Estado que se ha presentado para el 2014, uno de los detalles que más ha llamado la atención recientemente, es el rubro que se pretende asignar a la seguridad de la Presidencia de la República. Más de Q180 millones, que significan casi medio millón diario. No sé a qué tanto le temen, y realmente cómo pueden gastarse esos montos diariamente. Parece a todas luces, injustificable. Este pequeño gran detalle, nos hace especular que, lo que el Gobierno persigue realmente, es repetir el presupuesto del 2013 ante la muy probable no aprobación del nuevo.

En el Congreso ya suenan tambores de guerra (o conciertos de intereses). Pero he aquí un par de reflexiones sobre el actual presupuesto que asciende a un total de Q66,985.4 millones. De ese monto, el 75.2 por ciento está integrado por ingresos tributarios. A su vez, si no me equivoco, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), tiene asignado un presupuesto de Q1,000 millones. Pareciera no tener proporción, pero eso lo sabrán mejor los técnicos.

Ahora bien, lo más impresionante, es que la Contraloría General de Cuentas, hasta donde pude verificar a falta de acceso a la información en su página web el día de hoy, tiene un presupuesto de Q253 millones. Es decir, el órgano del Estado que debe verificar el exacto cumplimiento del presupuesto y la transparencia en el uso de los recursos del Estado, tiene un 0.38 por ciento del presupuesto total de la Nación asignado para ello. De entrada, pareciera una batalla perdida, y esto es un total sinsentido.

Este tipo de elementos, irrazonables a todas luces, son las cosas que van marcando el Estado que tenemos. Y así, mientras el Estado se da el lujo de “financiarse” sus derroches, a nosotros los ciudadanos, las normas tributarias nos exigen que para que, por ejemplo, un gasto sea deducible del Impuesto Sobre la Renta, entre otras cosas, deba ser útil, necesario, razonable, pertinente o indispensable para producir o generar la renta gravada.

La Constitución menciona que el sistema tributario ha de ser justo y equitativo, y estructurado conforme el principio de capacidad de pago. Por supuesto, eso está muy bien, pero ¿y la calidad del gasto público? ¿No debiera estar sujeta también a ser razonable, indispensable o pertinente? Lástima que no haya líderes políticos que demuestren con el ejemplo, que sí podemos tener calidad de gasto público.