Una ley que debe ser meditada

Lo cierto es que la norma que pretende ponerle coto al robo de celulares deberá aguardar un poco más, aunque se espera que no sea por mucho tiempo ni que se convierta en un chantaje a la población, pretendiendo promulgar una iniciativa como esta a cambio de que luego se insista en la aprobación de un millonario endeudamiento para el país a través de la emisión de bonos, que si bien es algo que parece estar adormecido, todos saben que la insistencia oficialista volverá porque la urgencia de recursos es fuerte.

Tarde o temprano la ley de celulares tendrá que cobrar vida, porque también aumentan las presiones internacionales, ya que esa criminal actividad se está convirtiendo en una pesadilla en todo el mundo. Solo en el 2012 se calcula que fueron robados en Brasil más de un millón de esos artefactos; en Ecuador, 216 mil, y 156 mil solo en la ciudad de México, mientras que en Guatemala se estima que se hurtaron unos 142 mil 745 en el mismo año, algo que, sin duda, debemos ayudar a corregir.

En Colombia, las autoridades consideran que solo una estructura de tráfico de celulares saca de ese país unos 500 teléfonos mensuales, y la preocupación para muchos es que ese negocio está facilitando otro tipo de actividades criminales que, como en nuestro caso, sirve para que desde las prisiones se extorsione a miles de ciudadanos, porque no cesa la ebullición de esa economía criminal que está dejando millonarias ganancias en varios lugares, donde las autoridades se ven rebasadas por las bandas del crimen.

Sin embargo, como suele ocurrir con muchas de las leyes en Guatemala, los beneficios de su aplicación siempre favorecen a determinados sectores y no a los usuarios, que son las verdaderas víctimas de este drama, que en demasiadas ocasiones termina en tragedia, lo cual es una triste consecuencia de que al menos el 58 por ciento de los usuarios de teléfonos celulares en Latinoamérica han sido víctimas de un robo en el último año, según una encuesta efectuada en la región por la empresa Eset, de lo cual podemos dar dolorosos testimonios.

La ley que está por discutirse en el Congreso debe ser severa, con el objetivo de desestimular el robo de celulares en el país, pero el análisis también requiere ser muy amplio, para no actuar en beneficio de unos cuantos ni mucho menos que vaya a resultar perjudicial para los usuarios, con registros discutibles que a la larga representarían un riesgo para los consumidores; en cambio debe apuntarse a endurecer las penas para quienes comercialicen o habiliten esos aparatos, que se han convertido en armas en poder de la delincuencia.