Mercado negro

Trafican con seres humanos de todas edades, sexo y condiciones. Desde recién nacidos para adopciones ilegales hasta hombres y mujeres adultos para esclavitud sexual o laboral, pasando por la amplia gama de niños, niñas y adolescentes en una serie de vertientes a cuál más perversa: sus órganos sanos para la venta, prostitución, pedofilia o producción de material pornográfico en condiciones de cautiverio.

El combate de estas redes no es cosa de conformar un grupo de tarea para realizar operativos de menor escala. Se requiere de políticas públicas que enmarquen todo un conjunto de medidas de gran impacto, involucrando a todo el aparato estatal en sus diferentes instancias. En este comercio inhumano no se puede actuar con medias tintas. Las redes jamás podrían haber alcanzado los niveles de impunidad y facilidad operativa de los cuales hacen gala, de no contar con la protección y la complicidad de algunos elementos bien colocados en círculos institucionales.

En esta lucha desigual, la sociedad tiene mucho que aportar. La organización ciudadana en los barrios, en aldeas y caseríos, podría por lo menos crear barreras de protección para los grupos más vulnerables, como son los niños, niñas y adolescentes. Las desapariciones de estos menores se producen a diario sin que las instituciones encargadas de investigar —como el Ministerio Público o la Procuraduría General de la Nación— puedan dar respuesta inmediata a estos casos, ya sea por falta de denuncia o por deficiencias en su capacidad operativa.

No parece posible que una sociedad acepte con resignación una amenaza tan directa contra los miembros más jóvenes de su comunidad. Pero la reiteración de la noticia va creando un bloqueo inconsciente y estos sucesos —los cuales se producen con una frecuencia aterradora— se transforman en una desgracia ajena, vista a la distancia como algo terrible que probablemente nunca nos va a tocar.

Las autoridades tienen que comprender que el crimen no es tolerable. Pero en esa amplia gama de actos de agresión y las violaciones continuas a la ley, perpetradas por estos grupos criminales, los peores son los cometidos contra la niñez y la adolescencia. La responsabilidad y el compromiso son palabras muy grandes para representar la realidad actual. En las declaraciones oficiales se puede reflejar el propósito de acabar con estas redes, las cuales, sin duda, están identificadas gracias a los sistemas de inteligencia con los cuales cuenta el Estado, pero las acciones parecen no calzar con la proporción descomunal del poder de acción demostrado una y otra vez por estos seres depravados.