De nuevo otra mano de mono

El señor Héctor Valdez, administrador de la comisión liquidadora, dice que sencillamente no se encuentran los fondos, como si fueran una fichita de a cinco que se fue entre la ranura de la banqueta.

OIM trabajó 958 proyectos, o sea que fue la consentida de Fonapaz. De plano alguna recomendación ha de haber tenido para que fuera la beneficiada con tanto proyecto, recordemos que el vice Eduardo Stein estuvo muy relacionado con esa entidad. Lamentablemente, como los millones desaparecieron, ahora no habrá pruebas.

Algunos de los responsables tienen derecho a antejuicio y son de los consentidos de la Fiscalía, por lo que vemos el tema de los castigos y la recuperación del dinero en “la cola de un venado”.

Ahora se crea otro ente, Fondes, que esperamos ejecute las obras por sí mismo y no se las ande adjudicando a entidades de Naciones Unidas que resultan peor que las nacionales.

¿Por qué OIM? ¿Por qué no el CCI o Unops, o cualquier otro?, pero ¿qué tiene que ver la oficina encargada de migraciones en tareas de reconstruir un edificio de la Policía?

Otro tema: Hoy parece abrírsele otro agujero a la alcancía del Estado. La responsable ahora será, de plano, la Procuraduría General de la Nación. Desde hace nueve años se nombró para representar al Estado al Lic. Alfonso Novales, el 21 de agosto, el jefe de la PGN, Vladimir Aguilar, para nombrar a un abogado de la PGN, la cual ya demostró la inefectividad de sus abogados en el caso de Ferrovías —el tren—, donde, por inutilidad, habrá que pagar cientos de millones de dólares. En el caso de Empornac, la lesividad del contrato está a la vista, el Estado recibía el 30% y la empresa Equipos del Puerto, S.A., recibía el 70%; la gasolina, insumos y repuestos los pone el Estado. La empresa recibió entre 1998 y 2004, Q243 millones.

Este contrato es por 10 años, y fue el delegado del presidente Portillo quien lo otorgó, violando la Ley Orgánica de Empornac, la cual le impide arrendar equipo.

Si el Estado pierde ese juicio, nos costará a los contribuyentes la bicoca de Q700 millones, pero al ritmo que van las cosas, a quién le va a importar, salvo a los beneficiarios y a los que recibirán la comisión por hacer una mala defensa del caso.

El caso realmente llora sangre. Aquí sí Stein se puso las pilas, y en el 2004 declararon la lesividad del contrato a instancias del entonces interventor Jorge Lewis. Después de años de pleito ganó el Estado, Equipuertos debe devolver el equipo y los Q243 millones. Por supuesto, la sentencia no se ha ejecutado.

Para muestra de cómo funcionan los tribunales, tardaron cuatro años para declarar en rebeldía una demanda no contestada por Equipuertos.

En el segundo juicio por lesividad para integrar la sala tardaron un año, pues siete magistrados se inhibieron. Ahora la Corte Suprema lo pasó a un tribunal de Contencioso Administrativo. ¿Sería por miedo o por pisto?

Los manejos de los dos casos nos demuestran de nuevo, otra mano de mono.