El poder a los ciudadanos

La efectiva participación de los ciudadanos en el gobierno de sí mismos (autogobierno) es esencial para la existencia de una genuina democracia republicana, cuya finalidad es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. En ese contexto, y ante la imposibilidad material de que los ciudadanos participen directamente en la toma de decisiones políticas, reviste singular importancia la designación de sus legítimos representantes en las instancias y cuadros del Estado. En mi opinión, la ausencia de una representación legítima y efectiva en los distintos niveles del Estado es, inequívocamente, la causa principal de que los ciudadanos se sientan que viven en un país en el cual no se les escucha ni se les toma en cuenta a la hora de adoptar decisiones en su nombre.

No en balde, entonces, las personas están en movimiento en todos lados. Están hartas de que se tomen decisiones a sus espaldas, de que no puedan influir o controlar las determinaciones que afectan sus vidas, así como de que los gobernantes respondan a intereses creados que les son ajenos o que, incluso, las perjudican. Asimismo, dado que en los últimos tiempos ha bajado el umbral de tolerancia ciudadana respecto de la corrupción y del despilfarro en el sector público, cada día las protestas y denuncias contra políticos y funcionarios corruptos e irresponsables son más comunes y frecuentes. Por ende, los ciudadanos ya no están dispuestos a seguir siendo considerados como meros “tributarios” y continuar aguantando que los gobernantes abusen del poder y se enriquezcan a su costa. De ahí que estén exigiendo rendición de cuentas, disciplina fiscal, equilibrio presupuestario, control del gasto, supresión del antejuicio, mejores servicios públicos y cárcel a los corruptos.

Mucho se habla de descentralizar y de empoderar a los ciudadanos, pero no hay tales. La organización estatal sigue funcionando para el centralismo y para el clientelismo político. Todo se maneja en el centro de la estructura gubernativa y en función del intercambio de favores por votos y apoyo político. La existencia de una democracia institucional supone que los ciudadanos tengan voz y voto en el manejo de la cosa pública (politización de la sociedad), y que el fin de la política sea la realización del bien común y no el personalismo y el lucro.

Por tanto, resulta imperativo e impostergable profundizar la democracia representativa, a través de adoptar el sistema electoral uninominal, alentar el surgimiento de partidos políticos democráticos modernos y apuntalar un gobierno local participativo y auditable, así como fortalecer las instituciones del Estado de Derecho. En todo caso, si se preserva el actual círculo vicioso del inmovilismo, inexorablemente se agudizará la indignación ciudadana y la insatisfacción social.