Justicia y violencia

como usted o como yo, para no “fabricarles” una acusación en el Ministerio Público, el asunto se traducía en una extorsión de alto nivel.

La construcción de un estado de Derecho encierra, sobre todo, el esfuerzo de la ciudadanía para saber aceptar, primero que es portadora de su libertad, y segundo, que el ejercicio de su libertad encierra responsabilidad. Y viene esto a la mente, porque cada vez más los conflictos que se generan entre nosotros se convierten en “materia del derecho penal”, así las cosas, si usted presta dinero y no paga porque no puede, le dicen que lo meterán preso; si usted hizo una sociedad con alguien y el negocio no salió bien, lo amenazan con que lo meterán preso; hasta conozco de un caso en donde una señora acusa a su vecino de “violencia contra la mujer”, porque no le deja sacar su carro de su casa y se pone nerviosa, lo peor del caso es que este caso ocupa el tiempo de fiscales y jueces.

En Guatemala, desde la presidencia del recordado Edmundo Vásquez Martínez, el Organismo Judicial empuja un franco proceso de fortalecimiento de la justicia penal, y esto se ha traducido en un sistema más incluyente, democrático y efectivo si lo comparamos al horroroso procedimiento que existía; sin embargo, penalizar los conflictos ocasiona que la propia administración de justicia se vuelva en un detonador de violencia.

La auxiliar fiscal de Quetzaltenango que se fugó, pues claro, nos deja un amargo sabor de boca, pero el problema es que si bien la encartada se brincó la barda y está acusada de graves delitos, buena parte de la administración de la justicia penal en este país gasta muchísima de su energía en tramitar procesos que, simple y llanamente, no son penales, sino que “abogados listos” los presentan como tales, consiguiendo o formalizar auténticos abusos de derecho o perpetrar fraudes de ley. Son huestes de abogados los que se prestan a “convertir” deudas en estafas, y así por el estilo, el sistema colapsa.

Si sobre seguridad vemos la columnas de opinión de los gobiernos de Arzú, Portillo, Berger o Colom podríamos hacer un calquito con ellas, porque parece ser que la cuestión no ha cambiado; sin embargo, jamás cambiará porque no importa quién sea el ministro de Gobernación, el fiscal general o los magistrados de la Corte Suprema de Justicia si los números de criminalidad son los actuales y, además, la justicia penal pasa su tiempo juzgando casos que deberían ser resueltos por los tribunales civiles, laborales o de familia, el colapso entero del sistema es anunciado y los abogados llevamos sobre los hombros buena parte de esa responsabilidad.