EXIGEN RETIRAR TALANQUERAS Y OBSTÁCULOS EN ENTRADAS A POBLACIONES

Miembros de diferentes sectores productivos exigieron que los alcaldes de al menos doce municipios del país retiren las talanqueras que han colocado en las entradas de igual números de poblaciones, como mecanismo para cobrar un arbitrio a los transportistas y automovilistas, medida que es totalmente ilegal.

talanqueras
Según reportes de prensa e investigaciones efectuadas por cámaras empresariales, muchos alcaldes han encontrado en talanqueras y otros obstáculos al transporte colectivo el mecanismo más fácil para agenciarse de recursos extraordinarios, lo cual constituye una flagrante violación al derecho constitucional de libertad de locomoción, al trabajo, a la producción y a la salud, pues hasta las ambulancias de cuerpos de socorro son afectadas con estos arbitrios.

Según denuncias, las municipalidades del Puerto de San José, Escuintla; San Gabriel Suchitepéquez, Suchitepéquez; Olintepeque, Quetzaltenango; Santa Apolonia, Tecpán Guatemala, San Juan Comalapa, Acatenango y Parramos, en Chimaltenango; y Tecún Umán, San Marcos, cobran desde hace tres años entre Q5 y Q25 por paso de camiones, autobuses, vehículos comerciales y automóviles particulares.
Las municipalidades de Panajachel, Santiago Atitlán y San Lucas Tolimán , Sololá, cobran hasta Q25 por derecho de paso a lugares turísticos, lo cual no ha sido autorizado por el Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT, la Dirección General de Caminos ni ninguna autoridad competente.

Esta medida aumenta directamente los costos de operación de comerciantes, hoteleros, operadores de turismo, comerciantes y amas de casa, por cuanto los pagos por peaje que les imponen las municipalidades los trasladan al consumidor final.

“Demandamos a la Contraloría General de Cuentas, Ministerio Público, Congreso de la República y Presidencia de la República para que inicien de inmediato las investigaciones pertinentes, a efecto de que se obligue a las municipalidades referidas a que desistan cuanto antes de continuar con estos cobros ilegales que, como se evidenció, generan malestar a la población y un aumento en el costo de la vida.

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