La voluntad manifiesta alrededor del mundo para optar por la vía del respeto recíproco a los derechos fundamentales y el recurso a la ley como forma pacífica de resolver conflictos ha perdido impulso en lo que va del siglo XXI.
Considero que una mayoría de guatemaltecos estamos conscientes de la importancia de la libertad de pensamiento y de expresión así como del necesario respeto a la ley para dirimir nuestras diferencias.
Supongo que prevalece el rechazo a la absurda y destructiva opción por la violencia y la vía armada para hacer valer nuestras creencias; y presumo que existe la convicción sobre la obligada responsabilidad que asumen las autoridades electas como representantes del pueblo (todos los ciudadanos).
En este momento es fundamental la unidad ciudadana en contra de las acciones que pretenden reprimir la libertad de expresión desde el mismo poder del Estado o facciones armadas pero también desde figuras políticas que maniobran e instrumentalizan instituciones y medios de comunicación para destruir a investigadores, analistas y críticos que señalan abusos e ilegalidad.
De allí la importancia de la presencia y solidaridad manifiesta el pasado viernes en la que periodistas y columnistas de distintas corrientes y medios expusieran en declaración compartida, su protesta legítima por las reiteradas acciones represivas contra periodistas y columnistas que buscan imponer censura y silenciar las voces de alerta sobre las amenazas a los derechos de la población.
Es un hecho que cuando se toleran los abusos contra terceros, los autores no solo persisten en sus objetivos sino que amplían acciones en detrimento de toda la población. Tal el caso de lo que está sucediendo en nuestro país, como lo expusiera Gustavo Berganza, en donde las agresiones y la persecución han proliferado en los últimos meses, tanto en la capital como en los Departamentos, como es el caso del periodista Oswaldo Ical Jom, en Uspantán, Quiché, “plagiado y torturado por miembros de un presunto Comité de seguridad… el 29 de agosto de 2014”.
Por supuesto también se ha promovido la persecución por la vía penal, pero nunca se había visto proliferar como se ha visto en los últimos tiempos en los que el Presidente y la Vicepresidenta impulsan decenas de acciones contra Jose Rubén Zamora, hechos que se multiplican ante la pérdida de independencia del sistema de justicia, en ignorancia de los procedimientos explícitos establecidos en la Ley de Emisión del Pensamiento.
Pero el colmo de esa corriente despótica se remarca con la prepotencia del precandidato presidencial de Lider, figura que además de promover a través de testaferros una agresiva persecución penal contra Juan Luis Font y Pedro Trujillo, a lo que se suma el ilegítimo intento de desprestigiar a sus críticos mediante la creación de cuatro medios de comunicación “… surgidos para impulsar (a Manuel Baldizón), que descaradamente difunden acusaciones infundadas y calumniosas contra Juan Luis Font y Pedro Trujillo, ambos comentaristas de televisión y de medios impresos.
La unidad y la congruencia con las propias convicciones es fundamental. Un “No” a la pretensión de silenciar el pensamiento de todo ciudadano es elemental en cualquier parte del mundo y no caben posiciones ante represiones semejantes, que a veces condenan y a veces avalan.
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