Ejercicio del derecho de resistencia

La magistrada Escobar, en la respectiva conferencia de prensa, en la que estuvo acompañada por las juezas de primera instancia Patricia Gámez, Ina Leticia Girón y Ana Vilma Díaz Lemus, quienes también optaron a la magistratura, pero no fueron incluidas en la nómina de candidatos a magistrados de la CA, sin justificación objetiva alguna, expresó: “Hago del conocimiento de la CSJ que las irregularidades que se configuraron en los procesos de selección y elección de magistrados ponen en alto riesgo la independencia judicial de todos los jueces”.

“La principal ilegalidad viene de que las Comisiones ignoraron la Ley de la Carrera Judicial. Hay intereses de diferentes grupos, sobre todo del Legislativo y Ejecutivo, que impulsaron a personas sin experiencia judicial. Únicamente un 25 por ciento pertenecen a funcionarios que la tienen (…) He sido reelecta para otros cinco años, pero ante la gravedad de los vicios en el proceso, por el respeto que merece el cargo para el que fui electa y por respeto al pueblo de Guatemala, después de un largo proceso de reflexión, renuncio”, agregó Escobar.

Finalmente, la todavía magistrada Escobar Mejía pidió a sus compañeros jueces y magistrados “para que no permitan el asalto a la justicia”, señaló con contundencia que “la falta de división de poderes es el primer elemento de una dictadura” y solicitó el concurso del Procurador de los Derechos Humanos, de la comunidad internacional y de la Corte de Constitucionalidad, para que se anule e invalide el proceso de postulación y elección de magistrados de la CSJ y de la CA.

Cabe destacar que, a pesar de la presión política del oficialismo, la magistrada Escobar, un día antes de la elección de magistrados de apelaciones por los diputados, se opuso a otorgar un amparo provisional a la vicepresidenta Roxana Baldetti, para que no fuera cancelada su inscripción como Secretaria General del PP, pero los otros dos magistrados de la Sala Quinta sí lo otorgaron.

Coincidimos con la magistrada Escobar en lo que respecta a que lo que se está perpetrando es un verdadero “asalto a la justicia”, en menoscabo del derecho fundamental de los ciudadanos a contar con tribunales independientes e imparciales, extremo que no solo vulnera el principio de separación de poderes, sino que fortalece la concentración de poder y la dictadura. Por tanto, se impone el ejercicio del derecho constitucional de resistencia contra la opresión.