El rechazo al Decreto 19-2014 surgió por la criminalización que contempla en contra de los agricultores que utilicen semillas cuya propiedad esté registrada por transnacionales, así como por la imposición de multas de Q1 mil a Q10 mil, o prisión de 1 a 4 años a los que produzcan, comercialicen o transporten productos cuyas variedades tienen registros o derechos de propiedad intelectual.
Diversos sectores temen que pagar por las semillas incremente los precios de los alimentos y cause crisis alimentaria en las familias que no puedan comprar las semillas que en su mayoría son comercializadas por transnacionales. Los expertos temen que plantaciones endémicas sean polinizadas con material patentado, lo que acarrearía problemas legales a los dueños de los cultivos afectados. Asimismo, la imposibilidad de acceder a semillas para cultivos de subsistencia podría desencadenar malestar social, protestas y conflictividad. Las previsiones no estuvieron equivocadas, porque, ayer, sumado a diversas acciones jurídicas que se presentaron en contra de la referida norma ante la Corte de Constitucionalidad, se registraron protestas en diferentes lugares del país.
La inconformidad de las diferentes organizaciones civiles y gremios de profesionales forman parte de la gobernanza en un país democrático. Pero en este contexto es de resaltar la actitud del Gobierno y los diputados en dar marcha atrás con la norma, evitando así la conflictividad o que las protestas tomaran otros tintes.
Es importante que las autoridades antes de aprobar una norma de tales alcances la sometan a una discusión transparente con los sectores académico, indígena y empresarial, para evitar desinformaciones o focos de conflictividad.
Es de recordar que los pueblos indígenas son los más importantes productores de variedades de verduras, legumbres y cereales en Guatemala. Solo en el caso del maíz, en el Altiplano existen más de 100 variedades para los diferentes microclimas. Sin embargo, los derechos de cada variedad no son reconocidos por otros países o empresas que las comercializan. Regular este tipo de temas requiere de un diálogo abierto y constructivo entre todos los sectores, especialmente porque las variedades vegetales de los pueblos indígenas son el resultado de varios miles de años de selección, en parte consciente, en parte inconsciente, que es necesario reconocer y resguardar en la legislación nacional.
Publicado el 27 de agosto del 2014 en http://www.s21.com.gt/editorial/2014/08/27/una-decision-acertada por Editorial Siglo21
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