Ciertamente, algunos diputados tratan de incidir en las acciones de fondo para mejorar ese desempeño mañoso y carente de rigurosidad.
Hay algo en lo que coincidimos todos los guatemaltecos, sin importar nuestra línea de pensamiento o de actividad, y es el rebalse de frustración al observar la persistente conducta desgastante que predomina en la gran mayoría de congresistas que continuamente defraudan a la población ante la ignorancia de la ley y el incumplimiento de su mandato.
Ciertamente, algunos diputados tratan de incidir en las acciones de fondo para mejorar ese desempeño mañoso y carente de rigurosidad, pero el número es escaso y escasos son los objetivos que se alcanzan. De allí que sea tan alentador el desempeño del MP-CICIG en la investigación de las múltiples ilegalidades que desde ese Organismo, y los esperanzadores resultados que se han producido las últimas semanas.
La irresponsable forma de utilizar el Congreso como un “mercado paralelo” de negocios organizados a conveniencia de quienes acceden a una diputación ha tenido como consecuencia el surgimiento de muchos millonarios que ingresaron sin contar con capital propio pero a quienes cada período de gestión les ha facilitado la acumulación de dineros que tanto cuestan a los ciudadanos que contribuyen a financiar al Estado.
Llevan años saliéndose con la suya. Años de vivir de fallarle a la población, que depende de su voluntad para desentrampar el atasco, en el que han sumido a las instituciones a nivel nacional. Fastidian a los Ministros que no son sumisos a sus “solicitudes” pero han dejado pasar por alto las irregularidades de las ejecuciones presupuestarias. Años de ocurrencias en las que la mitad de las leyes aprobadas son producto de intereses particulares de sus allegados y del espíritu populista, tan en boga hoy en día, aunque hoy se observan cómo varias naciones enfrentan los resultados desastrosos para la población.
Ustedes son irresponsables por la calidad de sus iniciativas y eso está mal porque no asumen las consecuencias de las leyes que proponen y tampoco de los contratos que subrepticiamente manejan apropiándose de fondos públicos aportados por la población.
El disgusto de la ciudadanía al ver cómo ese importante órgano se ha convertido en un mercado corrupto que opera sin respeto a los principios que rigen un Estado de Derecho y la normativa que supone regular el comportamiento de sus “autoridades” es intenso. No son idóneos y por supuesto tampoco llenan los otros requisitos del Artículo 113 constitucional, o sea, la capacidad y la honorabilidad.
Ahora, para colmo, vemos cómo algunos diputados impulsan propuestas de ley o enmiendas destinadas a complacer demandas de la población pero introduciendo paralelamente normas que les garantiza seguir beneficiándose, como por ejemplo, el ridículo de prohibir el transfuguismo durante tres años, para autorizar la traición de salir corriendo del partido que los llevó al cargo y vincularse a una opción que garantice su reelección.
Aterroriza pensar que son ustedes los que decidirán sobre las propuestas de reformas constitucionales en cuanto al sistema de justicia porque es evidente que los intereses de la nación no son los que motivan sus decisiones. De allí, insistir en retomar la incorporación del delito de enriquecimiento ilícito para funcionarios en el Código Penal, a efecto de frenar la corrupción y transparentar el manejo de los recursos del Estado.
La relación individuo-Estado es de dos vías y cada quien debe cumplir con su parte pero hay que recordar que los ciudadanos tenemos derecho de exigir efectividad y honradez y que lamentablemente no hubo resultado hasta que se fusionó un MP-CICIG decididos y eficaces en limpiar un Estado manchado por los extremos de corrupción.
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