Otras opciones a corto plazo son una “reingeniería” interna con los recursos existentes en Gobernación, solicitudes de cambio de fuentes de financiamiento y una ampliación presupuestaria.
Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación, anunció ayer la existencia de una mesa técnica entre esa cartera y la de Finanzas, donde se exploran todas esas posibilidades, números y, en el caso del impuesto, a qué se le podría aplicar.
“El mayor usufructuario de los cambios que se logren en el gobierno del presidente Otto Pérez Molina va a ser el siguiente gobierno, porque se quedaría con una nueva policía, con armas, equipos, medios de movilización, una serie de capacidades”, comentó el funcionario, para explicar el objetivo del impuesto.
“Ya nos sentamos con el presidente y con la ministra de Finanzas —María Castro—, y lo que hacemos es una programación para darle una prioridad, haciendo cambios de la fuente de financiamiento, haciendo una reingeniería interna dentro del mismo Ministerio de Gobernación, y también hemos estado hablando de lo que podría ser un impuesto de seguridad en el país, ya que sin esos recursos no podemos desarrollar todo el programa de reforma institucional de la seguridad que tenemos”, insistió el ministro.
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A QUÉ APLICARLO
López Bonilla brindó las primeras declaraciones después de la reunión del gabinete general, en la Casa Presidencial.
Por la tarde, antes de asistir a las honras fúnebres de dos agentes de la PNC, López Bonilla fue consultado acerca de una discusión que se tuvo en el gobierno anterior sobre gravar la riqueza superior a un monto determinado, como en Colombia.
“Sí… más o menos, algo así es. No puede ser un impuesto indirecto, sino sale cargado a todo el mundo. Tiene que ser en esa línea, pero no lo puedo asegurar porque la mesa está viendo ese tema”, dijo el funcionario.
No obstante, indicó que se podrían gravar “varias cosas” del área productiva, debido a que se requiere un nuevo despliegue nacional para brindar seguridad en todo el territorio, y que va asociado a la presencia en la provincia y la actividad productiva, pero evitó mencionar si se trata de la industria extractiva.
“Donde estén ubicadas zonas, por ejemplo en el caso de los puertos. Lo que tenemos bien ubicado y desarrollado es el de maquila, hasta la misma producción agrícola. Es parte de lo que estamos trabajando, pero no quiero irme de largo, tenemos que esperar algo sólido”, agregó el ministro de Gobernación.
PROYECTOS
Lo que recaude del impuesto de seguridad servirá para cubrir cuatro grandes proyectos, encabezados por infraestructura policial y carcelaria.
Específicamente se pretende construir nueve comisarías regionales y 22 distritales, lo que cubriría todo el territorio nacional, además de cárceles de 40 módulos, con capacidad para 144 privados de libertad cada uno.
Asimismo, se busca invertir en equipo y armamento, medios de movilización terrestres y aéreos e inversión en tecnología, como cámaras de seguridad.
De acuerdo con López Bonilla, se calcula que para esos cuatro rubros requiere una inversión de entre Q3 mil 500 millones y Q4 mil millones.
“Esto tendría que proyectarse en el tiempo de acuerdo con el tipo de impuesto, si es que se da, de qué es lo que se grave, de qué se pueda recaudar, y esto sería únicamente para esos cuatro rubros y no podría emplearse en otra cosa”, precisó el ministro.
Recordó que la infraestructura urge, debido que el 70 por ciento de las instalaciones policiales son casas particulares alquiladas, que no cumplen los requisitos para ser comisarías.
De hecho, está en construcción una comisaría regional en Quetzaltenango, y tres distritales en San Marcos, Coatepeque, Quetzaltenango y Retalhuleu, además de otras subcomisarías que “ya casi están terminadas”, paquete que servirá de “ejemplo” de lo que requiere todo el país.
El Ejecutivo espera que si prospera la propuesta de un gravamen a la seguridad, pueda entrar en vigor el próximo año.
En el 2010, el gobierno del presidente Álvaro Colom propuso la discusión de un impuesto de seguridad similar al que había aprobado Colombia. En aquel país, el mandatario Álvaro Uribe gravó la riqueza con una base de US$1.5 millones de cualquier contribuyente que tuviera más de ese monto, y lo captado era para seguridad.
RECHAZO EN REDES SOCIALES
Los usuarios que visitaron las cuentas en redes sociales de Prensa Libre se inclinaron por el rechazo a la propuesta del Gobierno para instituir un impuesto de seguridad.
¿Para qué más impuestos? Con que no roben y disminuyan la cantidad de diputados del Congreso saldríamos adelante.
Iván Vásquez Alburez
Impuestos, impuestos y más impuestos primero gobiernen y brinden seguridad correctamente. Y después pidan ¡Ya basta!
Carlos K. Miranda
¿Acaso no debe el Estado proveer y garantizar la seguridad ciudadana? Sí se debe pagar por ello sería como pagar por los servicios de seguridad privada ¿Entonces cuál sería la diferencia?
Paul Soberanis
¡Buena se la echaron! Ahora resulta que hay que pagar por un derecho que tenemos.
Fabiola García Soto
Esto es una burla. Luego dispondrán pedir impuesto de salud, impuesto de educación, impuesto de comunicación e impuestos de todos los servicios ¡Qué barbaridad!
Netio Interiano
Que ellos no sepan administrar los fondos, no quiere decir que tengamos que pagar más impuestos. Si alcanza para despilfarrar alcanza para seguridad.
Manuel Chá
En su propaganda nos dijo mano dura a la delincuencia y él nos extorsiona ¡Qué mal este Gobierno! Está juntando a los extorsionistas pidiendo impuesto a cada negocio ¡Qué Dios nos libre!
José Hernández
No es posible crear ese impuesto, cuando han manejado miles de millones en préstamos, cuyo paradero es sospechoso.
Gustavo Adolfo Padilla
No, el pueblo ya no aguanta con los impuestos ya existentes, que sean mal administrados es otro asunto. En vez de estar pensando en eso el Gobierno debería se crear fuentes de trabajo estables.
Lisbeth Aguilar
Eso nos faltaba, que el Gobierno nos extorsione “¿Quieren seguridad? Paguen más”. Eso suena a amenaza.
Walter Salomón Morales
Sería mejor reducir los salarios de los funcionarios como presidente, vicepresidente, ministros, diputados y alcaldes.
José Orellana
Rebajen el salario al presidente, vicepresidente, ministros, diputados y todos aquellos que gozan de salarios que no están de acuerdo con la realidad del país.
Genaro Contreras Juárez
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