TSE: un golpe de autoridad

Las campañas anticipadas o fuera de calendario son síntoma de sistemas políticos frágiles y volátiles. Las campañas permanentes desplazan la vida permanente de un partido, que consiste en organizar bases y formar cuadros. Cuando los símbolos partidarios son parte de una suerte de cartón de lotería, los partidos acuden al proselitismo a fin de promover su marca y eslogan, pero sus dirigentes no tardan en evaluar que estos son insuficientes si no van acompañados, inmediatamente, de la imagen y nombre de los candidatos: lo que el público espera ver.

Los argumentos son que “si la competencia lo hace, lo único que me impide no hacerlo es el financiamiento”. Y: “corren con ventaja los partidos y candidatos ya posicionados, por tanto hay que reducir la brecha con propaganda”. Los incentivos a saltarse la barda siempre serán mayores, pues las multas son irrisorias y se acumulan sin pagar.

Según la Ley Electoral, la propaganda está permitida 24 horas después de la fecha de convocatoria a elecciones y hasta 36 horas antes del sufragio. Por propaganda electoral se entiende la celebración de mítines y actos públicos para impulsar las candidaturas a cargos de elección popular, empleando para ello también publicidad en diarios, cuñas radiofónicas o de TV, así como volantes, pancartas y cartelones (Artículo 27 del Reglamento a la Ley Electoral). En esa definición ni el Gobierno se salva, a juzgar por los continuos actos públicos que sus autoridades promueven en varias regiones, incluyendo la capital, además de la promoción de sus candidatos a través de los medios masivos de comunicación sufragados, más grave aún, con recursos públicos.

El nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE) se ha propuesto encauzar en ley la febril actividad de los partidos y sus candidatos dando un plazo de 30 días para retirar la publicidad e inmediatamente, si fuese el caso, correr con sanciones que podrían llegar hasta la cancelación del registro de las entidades. Los candidatos han dicho que sí, pero está por verse si cumplen. El presidente Pérez no se dio por aludido.

Lo relevante es que el TSE quiere hacer valer su autoridad con las herramientas que le dan las normas. Si lo hace con firmeza, sin ceder a las excepciones ni a interpretaciones laxas, y además peleando en todas las instancias judiciales e incluso trazándole la línea al propio Gobierno, sin duda el Tribunal ganará respeto entre tirios y troyanos. No es suficiente que el día del sufragio haya normalidad. Es preciso que el contexto electoral sea transparente y que las normas se apliquen por igual. En estos días en que las fronteras entre poderes del Estado parecen diluirse cediendo a un control absoluto, bien vale apostar al gesto de independencia de los magistrados del TSE.