El flagelo de la violencia infantil

Un flagelo es sinónimo de calamidad, que a la vez debe interpretarse como un desastre que afecta a una o a muchas personas.

Con frecuencia, los diferentes medios de comunicación han estado informando sobre numerosos casos de violaciones de niñas cometidas por familiares cercanos, así como casos de graves agresiones  contra menores de edad en el seno de sus hogares.

El año pasado, los diferentes sectores del país fueron sacudidos por un suceso muy triste como fue la muerte a golpes de una pequeña niña, hecho atribuido a la propia madre como resultado de su indignación porque la menor se había comido cuatro tacos destinados para la compañera sentimental de la señora.  Recordamos que los tribunales de justicia condenaron a esta madre a 45 años de cárcel.

El 10 de mayo de 1990, el Estado de Guatemala aprobó la Convención de los Derechos del Niño, quedando obligado a cumplir compromisos esenciales como promover los derechos de los infantes.

Luego de 23 años de la ratificación de este importante instrumento jurídico internacional, en Guatemala cada día son más los niños trabajadores, y muchos de ellos lo hacen en condiciones peligrosas, sobresaliendo situaciones de menores maltratados, abusados, violados, asesinados, desnutridos, rechazados y con muy pocas alternativas para un futuro mejor. El trabajo infantil es una mancha que ensombrece a la sociedad guatemalteca.

Uno de los aspectos más vergonzosos de la realidad nacional, es que muchos de los niños se ven obligados a vivir en las calles y otros también muy numerosos, quedan huérfanos todos los días, por causa de las acciones de los grupos que operan en la delincuencia.

Según datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, difundidos ayer por varios noticieros locales, en lo que va del año han muerto en Guatemala por actos de violencia 227 niños.  Tan solo ayer que fue el Día del Niño, perdieron la vida dos menores por este flagelo.

Más allá de las celebraciones del Día del Niño, que demagógicamente fueron aprovechadas por  el Presidente de la República y por algunos partidos, para hacer propaganda política, las diferentes instituciones estatales deberían multiplicar sus esfuerzos hacia el objetivo principal de garantizar una vida digna para este importante segmento de la población, que no solo es el presente, sino el futuro de nuestro país.