¿Todo sea por la seguridad?

Cuando se sacrifica la libertad por una supuesta seguridad se termina perdiendo ambas.

La inoperancia de la ley, ha llevado a los ciudadanos a vivir en condiciones de inseguridad crecientes y a un deterioro generalizado que se complica cada vez más debido a la falta de voluntad para prevenir y de capacidad coercitiva para reprimir a quienes violan la ley.

La errónea concepción de que la multiplicación de leyes va a reencauzar al país por el sendero del orden y la protección ciudadana, se mantiene inalterable a pesar del fracaso que semejantes medidas han dejado la experiencia pasada.

El punto de partida está en la reiterada incapacidad de los gobiernos de cumplir con su función básica de garantizar vida, libertad, justicia, seguridad, paz y desarrollo integral de la persona, recurre a regulaciones impulsivas que limitan innecesariamente la libertad y garantías de muchos, para complacer la miopía de unos pocos.

El Acuerdo Gubernativo 289-2013 que modifica el Reglamento de Tránsito, justifica una nueva regulación dirigida a los motociclistas bajo el considerando: “Que con el fin de prevenir hechos delictivos por ocupantes de motocicletas y motobicicletas que circulan por la vía pública…”.

Ciertamente los automovilistas criticamos y rechazamos la forma de conducir de un creciente número de motociclistas que sin consideración a las normas elementales de seguridad en el tránsito serpentean en las calles obligando a la tensa vigilancia por los espejos retrovisores para verificar si no aparece velozmente uno de esos agresivos motoristas.

Pero la molestia que ocasionan no justifica las medidas absurdas que castigan al usuario de un transporte ágil y económico que responde a la necesidad de economizar combustible y evitar otros riesgos que también provienen de delincuentes de a pie y asaltantes en el transporte público.

La referida reforma lejos de solucionar lo que su fin predica solo castiga a los conductores responsables para quienes la motocicleta es instrumento de trabajo. Ellos tendrán que invertir en el nuevo chaleco, pero también en el cambio de las letras y número de placas en los cascos.

Pero lo peor es la obligación de que solo circulen por el carril derecho, lo que impedirá rebasar cualquier vehículo automotor que circule lentamente y muy por debajo de la velocidad establecida… La sanción queda a discreción del agente de tránsito, con la aplicación de una multa de Q1 mil (casi medio salario mínimo) a quien incumpla con semejante legislación. ¿Qué pasará si deben rebasar vehículos estacionados, camionetas que frecuentemente paran donde se les ocurre? ¿Violarán la ley cuando quieran cruzar a la izquierda y lógicamente ubicarse en el carril que corresponde?

La ley aprobada tendrá consecuencias negativas para la gran mayoría de guatemaltecos decentes que utilizan ese medio de transporte, mientras que los delincuentes, como siempre, se saldrán con la suya.

¿Qué ocurriría si el paso siguiente es prohibir los vidrios polarizados en los vehículos, utilizando la misma justificación? ¿U obligar a los automóviles a circular solo por el carril izquierdo? ¿U obligar a los peatones a usar chaleco con su número de DPI cuando utilicen la vía pública?

Desafortunadamente vemos de nuevo una regulación ilógica, imposible de hacer cumplir, que potencialmente perjudica a un sector de la población que depende de las motocicletas para transporte o trabajo y cuya libertad está siendo absurdamente restringida.