A lo largo de nuestra historia patria, solo ha habido dos exgobernantes que han sido condenados a prisión, por delitos cometidos durante el desempeño del cargo presidencial. El primero fue el exdictador Manuel Estrada Cabrera (1898-1920), después del triunfo del movimiento unionista en 1920, y el segundo el expresidente Alfonso Portillo Cabrera (2000-4), quien fue juzgado y condenado por un tribunal estadounidense por la comisión del delito de lavado.
Ningún otro exgobernante guatemalteco, sindicado de la comisión de delitos, ha sido condenado a prisión, aunque actualmente se encuentran procesados penalmente el exgobernante de facto Efraín Ríos Montt (1982-3) y el expresidente Otto Pérez Molina (2012-5).
Asimismo, la imputación que el actual Presidente del Congreso, Mario Taracena, le hizo al expresidente Álvaro Colom (2008-2012), en el sentido de que durante su gestión gubernativa ocurrieron “cosas gruesas, pero gruesas”, mantiene la expectativa de la población sobre un posible destape de escándalos de corrupción y negocios ilícitos durante el régimen de Colom.
Empero, no solo en Guatemala ha imperado la impunidad de los exgobernantes, sino que en todos los países latinoamericanos. El común denominador ha sido que aún los más nefastos y odiados exgobernantes han escapado a la justicia oficial debido a compadrazgos o pactos de impunidad, han encontrado refugio en otros países, o se han autoamnistiado o escudado en derechos de antejuicio en sus países.
No obstante, las cosas han venido cambiando. Las condenas contra los exgobernantes Bordaberry (Uruguay), Rodríguez (Costa Rica), Videla (Argentina), García Meza (Bolivia), Fujimori (Perú), Noriega (Panamá) y Calderón Fournier (Costa Rica), entre otros, así como los encausamientos penales contra Lula (Brasil), Fernández de Kirchner (Argentina) y Martinelli (Panamá), son ejemplos de que el umbral de la tolerancia de los pueblos respecto del abuso de poder, de la violación a los derechos humanos y de la corrupción, se ha ido reduciendo sustancialmente.
Tanto es así que los exilios dorados de exgobernantes sindicados de actos de corrupción como Batista (Cuba), Cedras (Haití) y Serrano (Guatemala), entre otros, se han convertido más en la excepción que en la regla; y cada vez los Estados están más propensos y proclives a conceder la extradición de exmandatarios corruptos, así como a perseguir y confiscar los dineros robados. La adhesión a las Convenciones de Naciones Unidas e Interamericana contra la Corrupción, las cancelaciones de visas y las extradiciones son ejemplos elocuentes en ese sentido.
En suma, los exgobernantes corruptos ya no necesariamente podrán gozar de sus fortunas mal habidas, sin temor a ser castigados, ya que la lucha contra la corrupción ha ido ganando terreno.
No Responses