La transa no se hace sola

Un funcionario público honesto, y son muchos los que sí lo son, vive a diario la amenaza de perder su puesto o, en algunos casos, cosas aún peores (amenazas sobre su vida o la de su familia), si no accede a las presiones que ejerce la figura de poder real que procura el enriquecimiento ilícito. Uno de los más conocidos ejemplos que puede involucrar a personas que normalmente no delinquirían, pero que en esas circunstancias se pueden ver forzadas a convertirse en partícipes, son las juntas de licitación con las que se avalan compras en prácticamente todas las dependencias públicas. Así como hay casos donde las personas terminan cediendo y firman con tal de no perder su trabajo, sin recibir un porcentaje del negocio, hay otras que al negarse son inmediatamente puestas en la calle, sin ningún miramiento.

Siendo tan limitadas las opciones laborales en el país, muchos funcionarios públicos honestos optan por aceptar que este es el “real politik” y caminan a diario en el filo de la navaja: el gran reto ya no es ¿cómo hago mejor mi trabajo?, sino ¿cómo proceder sin salir de la legalidad, y cumplir a la vez con las exigencias de quienes ostentan el poder real en una administración? Evitar que se entrampe “un proceso de interés” en sus escritorios se vuelve la principal consigna.

Otros funcionarios simplemente no se complican la vida; firman o se hacen de la vista gorda, pues saben que la probabilidad de ser atrapados y castigados es mínima. Incluso cuando hay pruebas.

El siguiente tipo de funcionario es aquel que forma parte del contubernio del actor de poder y participa del negocio y sus beneficios aunque sea en ínfima parte, o bien, el que aprende del ejemplo y arma, dentro de su nivel jerárquico y función, su propia “Línea” para drenar al Estado. De esto hay de todo, desde el desfalco del papel de baño, los medicamentos que luego se venden en el mercado negro, hasta aquellos que reciben recursos o comisiones por facilitar la adjudicación de un negocio o un contrato. No digamos, cuando los diputados usufructúan el privilegio de decidir sobre la inversión pública y quien la ejecuta, y las instancias de control se hacen de la vista gorda.

No hay Consejo Departamental de Desarrollo que no tenga historias que contar, ni técnicos locales que no sufran los embates de estas figuras de poder cuando quieren aplicar criterios técnicos a la asignación de la obra pública. Lo peor es cuando su autoridad nominadora, en lugar de defenderlos, los echa en la boca del lobo para evitarse el problema.

El extremo: cuando son los sindicatos y sus liderazgos los que establecen estos contubernios con las clepto-autoridades y se protegen mutuamente. Gestión de la “gobernabilidad interna” a través de privilegios. No sorprende, por tanto, que sean una de las grandes figuras ausentes en las protestas ciudadanas contra la corrupción y la renuncia del presidente y su gabinete.

Los cambios legales sin una ética distinta en la acción pública, tampoco alcanzan. Si la cabeza está podrida, no hay ley que sane el cuerpo. ¡#RenuncieYa presidente!