Hace siete años se celebró con bombos y platillos el comienzo de trabajos en una de las principales carreteras del país. Se trataba de la ejecución de ampliación a cuatro carriles de la ruta CA 2 Occidente, tramo Cocales a Tecún Umán.
Sin embargo, la celebración solo fue el anuncio de una estafa más para los guatemaltecos, pues ahora es otra obra abandonada por la que se paga un préstamo de US$254.3 millones (Q2 mil millones).
El tramo carretero es un proyecto con olor a pérdida e impunidad. Una denuncia del Ministerio de Comunicaciones abrió la puerta para conocer que detrás de todo el proyecto se ocultaban sobornos.
Personeros de la constructora Odebrecht, en contubernio con exdiputados, exfuncionarios y políticos que buscaban llegar a la Presidencia, hallaron en esta obra ingresos al margen de la ley.
En enero de 2018 el caso Odebrecht salió a luz y se conocieron algunos detalles de quiénes estuvieron detrás del proyecto millonario.
En una conferencia de prensa, las autoridades del MP y de la CICIG dieron a conocer detalles del caso Odebrecht.
El proceso fue presentado en tres fases: los sospechosos y la forma de operar, las capturas y los acuerdos de colaboración y reparación de la constructora.
De los dos primeros puntos se conocen a los responsables, detenidos y procesados, pero la fase tres es oscura.
Hasta la fecha se desconocen todos los pormenores del acuerdo de colaboración que realizó la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), y los representantes de la Constructora Odebrecht.
Exfuncionarios del Ministerio de Comunicaciones y de la Procuraduría General de la Nación, consideran que la Fiscalía llevó el proceso con hermetismo y reserva por motivos desconocidos hasta el momento.
Las fuentes coinciden que en su momento solicitaron detalles del convenio y nunca se dio información detallada.
República también buscó revisar el convenio, pero no hubo acceso en el Ministerio Público ni en el Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de la jueza Erika Aifán.
Un acuerdo a espaldas del Estado
República contactó con un exfuncionario del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), para conocer detalles del caso Odebrecht. Ademas, para entender cómo y quien arrancó el proceso. La fuente pidió no ser identificada por temor a represalias.
El exfuncionario cuenta que llegó al Ministerio en 2016. Una de sus sorpresas fue que nadie “había hecho nada para conocer el tema de odebrecht”. Asegura que con la llegada del exministro Aldo García arrancó la investigación y se presentó la denuncia de las anomalías en el MP.
“Nosotros asumimos la responsabilidad de presentar la denuncia de las irregularidades, pues ninguno había hecho nada. Al terminar nuestro recopilación e investigación interna, presentamos la denuncia al MP. Unos 54 folios se entregaron. Después de eso percibí mucho hermetismo por parte del MP”, recuerda el exfuncionario del CIV.
Entidades no dieron apoyo
Ese hermetismo llevó a los exfuncionarios a solicitar apoyo para conocer el avance del caso al mismo MP, a la Procuraduría de Derechos Humanos, Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de Cuentas (CGC), pero asegura que a nadie parecía importarle. “Ellos se lavaron las manos”.
Incluso, señala que solicitaron a estas entidades apoyo para realizar una inspección ocular en los tramos pendientes de la obra, pero la petición nunca tuvo eco. Con la inspección se buscaba que la constructora liberara los tramos pendientes para que el CIV continuara con el proyecto.
Agrega que esa indiferencia obligó al Ministerio a realizar por su cuenta la inspección ocular y presentar una segunda denuncia. Asegura que existe una acta en los archivos del CIV y copias enviadas al MP y PGN. Además confirmó que se gestionaron varias reuniones con los representantes de Odebrecht.
“Las reuniones con Odebrecht eran para que renunciaran a la parte donde ellos no habían trabajado, porque eran los tramos que estaban en pésimas condiciones. Esa renuncia permitiría al Ministerio hacer una nueva licitación para continuar con los trabajados. Nunca se tuvo apoyo, después de varias reuniones los de Odebrecht mandaron un documento donde ellos renunciaban a esas áreas”, añade la fuente.
El acuerdo negociado por FECI
La buena noticia de la renuncia de la empresa a los tramos pendientes duró poco. Se anunciaron cambios en el Ministerio de Comunicaciones y ello detuvo los avances. La fuente cuenta que antes de ese cambio lograron una última reunión con la exfiscal Thelma Aldana.
En esa cita se les informó que el MP había logrado un acuerdo con Odebrecht. Los personeros de la empresa brasileña fueron beneficiados con un proceso de criterio de oportunidad, es decir, no fueron a la cárcel a cambio de delatar a los guatemaltecos implicados en los pagos fraudulentos.
Además, el MP les indicó que el convenio incluía la reparación del daños y perjuicios, pero en ese momento no se especificaron.
“Nunca conocimos o vimos el acuerdo, se solicitó copia del documento, pero nunca lo entregaron. Eso lo criticamos en su momento, al igual que la ausencia de representación del Estado de Guatemala cuando se firmó el acuerdo en Brasil”, enfatiza el exfuncionario.
Agrega que el CIV criticó lo realizado por Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, cuando viajó a Brasil para firmar el tema del resarcimiento, porque a su criterio, el fiscal no tiene la representación del Estado, eso le corresponde a la PGN, por esa razón existen acciones contra ese convenio.
La Fiscalía debió resolver el tema penal contra los brasileños, pero no el tema administrativo por los daños causados por Odebrecht a Guatemala, al abandonar la obra por la que se le había pagado el 75 por ciento, pero con un avance físico del 42 por ciento, que fue otra de las irregularidades denunciadas.
Guatemala perdió
La fuente del Ministerio de Comunicaciones señala que la inconformidad no fue contra el convenio de colaboración sino contra los acuerdos en el tema del resarcimiento al Estado.
“Los términos a los que se llegaron tampoco nos parecieron y los criticamos. Recuerdo que en la reunión con Aldana leímos una parte del convenio que decía que se indemnizara al Estado por US$17.9 millones, pero decía al final: los cuales podrán deducirse de la liquidación del contrato, prácticamente no pagaban nada, eso nos preocupó”, enfatiza el exfuncionario.
Es decir que del mismo dinero que se le pagó a Odebrecht por trabajos no realizados, vendrían los SU$17.9 millones.
Agrega que el tema de la liberación del contrato y la devolución del material no utilizado era parte del acuerdo por la vía administrativa que hizo el Ministerio de Comunicaciones con Odebrecht.
El MP manejó el caso con “mucha reserva“
Al igual que el exfuncionario, Anabella Morfín, extitular de la PGN, reiteró que el MP manejó el caso con “mucha reserva”. Y que la Fiscalía estaba obligada a llamar a la PGN porque el tema era de interés del Estado, pero no se hizo.
En declaraciones anteriores, Morfín manifestó no estar de acuerdo con ese convenio y por ello presentó, estando en el cargo, una acción legal para revertir la parte relacionada con la reparación de daños.
“Lo que nosotros impugnamos fue el convenio de colaboración, porque en su momento, se fue más allá de lo correspondía al MP comprometer, porque todo lo relativo a la indemnización para el Estado, lo debe de conformidad con la ley, hacer la PGN”, detalló en esa entrevista.
La exjefa de la PGN aseguró que en ese “momento lo que manifestaron” fue una actividad procesal defectuosa, respecto a la parte de reparación al Estado. Agregó que nunca objetaron los efectos con el proceso penal.
Montos distintos
“Hay una parte en la cláusula séptima del convenio en la que se pone tope al Estado, no recuerdo si eran US$ 17.9 millones, porque eso dependerá de la liquidación del contrato que se había celebrado, pero no podía de una vez hacerse, si había cuestiones pendientes de liquidar”, enfatizó la enfuncionaria.
Morfín insiste en que la PGN debió participar en las reuniones para solicitar el resarcimiento. Acepta que tuvo conocimiento del convenio suscrito entre el MP y la constructora brasileña Odebrecht, “hasta el 24 o 25 de febrero” (de 2018), y que estuvo en algunas reuniones con el MP.
Reiteró que el MP debió invitar a la PGN y esperar que se liquidara el contrato y dejar sujeto, para los efectos de reparación del Estado que correspondía en temas administrativos, a un proceso contencioso administrativo.
“Si ya en el convenio de la colaboración eficaz se establece un límite, obviamente se les cierra la posibilidad al Estado de una pretensión mayor. Pues aquí tenía que haberse establecido cuál era el lucro cesante, la tardanza en la entrega de la obra y cuál fue el avance efectivo, así como si hubo o no estimaciones que se presentaron y eran válidamente presentadas. Todos esos aspectos los tuvo que haber atendido el ministerio de Comunicaciones”, indicó Morfín.
Asimismo, concluyó que esperaba que la jueza que estaba conociendo el asunto, reparara que el MP no tenía facultades para “transar en nombre del Estado”.
Antecedentes
En conferencia de prensa en enero de 2018, la exfiscal general, Thelma Aldana, manifestó que los acuerdos con el MP y Odebrecht se suscribieron en Sao Paulo, Brasil en septiembre de 2017, seis meses antes de que la Procuraduría General de la Nación se enterara del convenio.
Dentro del acuerdo se estableció una multa de Q500 mil para cada uno por aceptar haber sobornado a las autoridades guatemaltecas y Odebrecht debería pagarle al Estado de Guatemala US$17.9 millones (similar monto al entregado en sobornos) y devolver US$18 millones en materiales que no fueron utilizados, a la Dirección General de Caminos (DGC).
En total, lo “recuperado” por el Ministerio Público presidido por Thelma Aldana fue de US$35.9 millones por una obra abandonada cuyo préstamo asciende a US$254.3 millones (Q2 mil millones).
Asimismo, en enero de 2018, la Fiscalía informó que la constructora se comprometió a no realizar ningún reclamo al Estado y a renunciar a cualquier acción contra Guatemala por la cancelación del contrato.
¿Qué reclamo podrían hacer?, se pregunta el exfuncionario del Ministerio de Comunicaciones, si abandonaron el proyecto, cobraron el 75 por ciento y solo construyeron el 42 por ciento de la carretera, además, de obtener la obra de manera fraudulenta.
GLENDA SANCHEZ
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