En una jornada maratónica, llegada la medianoche del 25 de marzo, en el Congreso de la República se aprobaba el decreto 12-2020. En él, se establecía la Ley de emergencia para proteger a los guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia del coronavirus COVID-19, sin embargo traía una patada trasera en su segundo capítulo.
El Artículo 11, incluyó una ampliación presupuestaria por Q3 mil 667 millones 500 mil, recursos que serían destinados a distintas carteras gubernamentales para la ejecución de programas de salud, empleo, protección del adulto mayor, seguridad y economía durante la emergencia.
Dentro de este monto, se incluyen pagos de salarios y sueldos derivados de compromisos adquiridos en años anteriores y de pactos colectivos para los ministerios de Gobernación (Q450 millones), Salud (Q400 millones) y Educación (Q567 millones 500 mil).
Sumados los 3 montos de pactos colectivos y salarios establecidos en dichas carteras, da un total de Q1,417 millones 500 mil. Ello, equivale al 39 por ciento de lo aprobado únicamente para pactos colectivos y salarios, algo que en estos momentos de crisis no se entiende.
Momento peligroso
Daniel Fernández, director de UFM Market Trends, señaló que este es un momento peligroso para aprobar los pactos colectivos. Estos son acuerdos entre los sindicatos públicos con las autoridades, en ellos se negocian entre otras cosas el aumento de salarios.
Para Fernández aprovecharon el momento de crisis para su aprobación debido a que en 2019 no se aprobó un nuevo Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal del 2020, por lo que quedó el mismo que se utilizó el año anterior lo que no permitió un aumento en pactos colectivos.
Por otra parte, Fernández señaló que lo que no es entendible es el monto para el pacto colectivo del Ministerio de Educación. “Ellos no están trabajando, esta es una estafa debido a que no es necesario un aumento de salarios para los maestros, menos en estos momentos”, indicó.
Daniel Fernández comentó que esto debe ser denunciado, además de que los sindicatos también deben ser restringidos con las medidas que todo el país tiene. “Esto es un acto de corrupción, además que ya no se vuelve un tema económico si no pasa a ser un tema político”, concluyó.
No Responses