El monto se incluyó en el Presupuesto de 2020 para cumplir con la deuda contratada por una empresa hace más de 30 años.
En el Artículo 122 del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para 2020 el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) establece un aporte extraordinario para el Organismo Judicial (OJ) por Q117 millones para el pago de una demanda promovida en 1984 por el Banque Nationale de París (BNP) Sucursal Panamá.
Salvador Saravia Castillo, mandatario de BNP Paribas, explica que el origen del litigio refiere a que una entidad dedicada a operaciones agroindustriales (Organización García Granados) solicitó el financiamiento poniendo como garantía hipotecas, prendas agrarias, prendas industriales, entre otras.
“El crédito estaba estructurado para ser amortizado en cinco años”, continúa, y se había proyectado con una cosecha anual de entre US$12 millones y US$15 millones para amortizar el capital y pago de intereses. Pero en el convenio se estableció que la compañía no realizaría inversiones en nuevos proyectos, situación que incumplió y cae en problemas de capital por lo que acude, sin éxito, al banco a solicitar financiamiento adicional.
En septiembre de 1981, la empresa comienza diligencias voluntarias para la venta de la semilla y cosecha de algodón, la cual era parte de la garantía del pago ante el juez Daniel Samuel Sandoval de León, quien resuelve con lugar la venta. De acuerdo con Saravia, “la autorización se da sin haber citado al banco en el proceso legal”.
El defensor judicial de BNP apela la decisión y se inicia un juicio contra el juzgador Sandoval por haber autorizado la venta de algodón. En abril de 1999, se resuelve que debe pagar por daños y perjuicios causados, pero en 2000 se desestima. Y se vuelve a comenzar con el proceso jurídico para que se pague al banco francés.
Luego de apelaciones y recursos presentados en la Corte de Constitucionalidad (CC), en 2004 se fijó en US$15 millones los daños ocasionados a BNP Paribas. Como respuesta la Procuraduría General de la Nación (PGN) pide que sea el OJ quien debe pagar la deuda.
Tras nuevos amparos, desde 2010 se solicita el pago al exjuez (quien ya murió) y al Estado y que se envíen oficios al Minfin, al Congreso y la Comisión de Finanzas del Legislativo.
En la resolución de la CC de los expedientes 2238 y 2400-2018, de enero de este año, se ordena al Minfin a incluir en el Presupuesto el pago para BNP Paribas. En agosto pasado, la PGN le indicó al Minfin que se han agotado todas las instancias y las resoluciones de este proceso están en firme, lo que avala la inclusión del pago en el Proyecto que Finanzas entregó este mes al Congreso.
Si el Legislativo lo aprueba, el pago se podría realizar luego de 35 años de iniciado el proceso contra el hoy fallecido exjuez Séptimo de Primera Instancia Civil y subsidiariamente contra el Estado de Guatemala.
LA DÉCADA PERDIDA
La negociación del préstamo con BNP Paribas se da al inicio de la Década Perdida para América Latina. La caída de los precios del café, banano y del algodón en los mercados internacionales, sumado a los efectos del shock petrolero mundial. Además, la entrada de China en el mercado internacional del algodón a inicios de los años ochenta.
Las dictaduras militares de esa época incluyen desde 1978 hasta 1982 a Romeo Lucas García, desde marzo de 1982 el poder lo tomó Efraín Ríos Montt y en 1983 llegó a la Presidencia Óscar Mejía Víctores.
En el libro El ascenso de las elites industriales en Guatemala 1871-1994, de Paul Dosal, se reseña la creación de la Cámara del Agro en 1973 con la participación de Raúl García-Granados Quiñónez, representante del Consejo Nacional del Algodón.
García-Granados Quiñónez fue uno de los principales asesores económicos de Lucas García. Jorge Raúl García Granados de Garay, hijo del asesor de Lucas, se convierte en una figura clave dentro de la corporación familiar en los años noventa. El exalcalde capitalino, Álvaro Arzú Irigoyen, en ese entonces estaba casado con Silvia García-Granados de Garay, según describe la historiadora Marta Elena Casaús.
DISCUSIÓN LEGISLATIVA
La semana pasada, diputados de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza solicitaron a la Contraloría General de Cuentas de la Nación que se realice una auditoría especial, debido a que si el Congreso aprueba el Artículo 122 propuesto se crearía un precedente.
Los diputados tienen hasta el 30 de noviembre para aprobar el Proyecto de Presupuesto que presentó el Minfin.
En opinión de Rudy Castañeda, vicepresidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, el Artículo 122 del Proyecto de Presupuesto requiere de una discusión pues se trata de un pago que aunque es legal realizarlo, resulta ilegítimo que pague el Estado.
El tema se discutirá en la audiencia pública que convoque la Comisión para escuchar al Organismo Judicial, agregó el congresista.
Sin embargo, para Saravia la justicia llega en este caso 38 años más tarde. “El Estado debe saber que también es responsable de sus actos”, añadió.
Declive del algodón
El auge de la actividad algodonera fue en la década de los años setenta, en la que Centroamérica logró posicionarse por los rendimientos alcanzados, pero en los años ochenta la caída de los precios, altos costos de producción y menores rendimientos llevó a una crisis al sector, según un análisis de sostenibilidad de la industria algodonera publicado en 1997 por el CLACDS.
Manuel Roberto Yurrita, en un estudio publicado por el Ministerio de Economía, agrega que desde 1977 hasta 1985 se tenían seis zonas algodoneras: Tecún Umán y Ocós (San Marcos) Champerico y San Andrés Villa Seca (Retalhuleu), Santo Domingo Suchitepéquez; Tiquisate y Nueva Concepción (Escuintla); La Gomera y La Democracia (Escuintla); Guazacapán (Santa Rosa), Masagua y Guanagazapa (Escuintla).
También indica que en la segunda mitad de la década de 1980 el descenso en la producción se volvió muy pronunciado. El área cultivada pasó de 182 mil manzanas en 1979 a 90 mil en 1984 y en 1992 solamente cerca de 56 mil.
El monto se incluyó en el Presupuesto de 2020 para cumplir con la deuda contratada por una empresa hace más de 30 años.
Por: Lorena Álvarez elPeriódico
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