La desorganización financiera que existe en la Policía Nacional Civil (PNC) quedó evidenciada en la auditoría que realizó la Contraloría General de Cuentas (CGC). Viáticos pagados sin respaldo, más de 30 mil armas sin registro y falta de mantenimiento en las patrullas, son algunos de los hallazgos.
Según el informe de auditoría, la PNC pagó 405 mil quetzales en concepto de viáticos a agentes que prestan el servicio de seguridad personal a exministros y ex viceministros del Ministerio de Gobernación (Mingob).
El pago de los 400 mil quetzales en viáticos se autorizó pese a que no se presentó ningún documento de respaldo y el Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos del Estado prohíbe el pago de éstos por más de 30 días, salvo los casos de fuerza mayor y que cuenten con autorización.
Para la CGC este gasto demuestra “falta de transparencia en la calidad del gasto público, al no cumplir con los procedimientos establecidos para la comprobación y pago de viáticos”.
El excoordinador de Tesorería, Jaime Marroquín, y el ex subdirector de Servicios Administrativos, Jorge Hernández, trataron de desvanecer el hallazgo asegurando que el pago fue autorizado por el exministro de Gobernación, Francisco Rivas, a través de varias resoluciones ministeriales, pero la CGC confirmó el hallazgo debido a que ninguno de los dos “encargados” tomó en cuenta lo establecido en el Reglamento.
La CGC emitió sanciones económicas a los que consideró responsables. (Foto: Captura de pantalla)
“Obviaron detallar el lugar de la sede, salario, lugar donde se llevó a cabo la comisión, entre otros, de cada uno de los beneficiados, información que debió incluirse con el fin de transparentar y comprobar el gasto. Así mismo, debe tomarse en consideración la jerarquía de las normas jurídicas a que un Acuerdo Ministerial no es superior a un Acuerdo Gubernativo”, detalla el informe.
Armas sin registrar
El pago opaco de viáticos no fue el único hallazgo de la CGC. Según el informe que evaluó el trabajo de la PNC de 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, se estableció que 30,109 armas de fuego propiedad de la policía “no cuentan con el registro y la constancia correspondiente que emite la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam)”.
Según los auditores de la CGC la PNC “incumplió la Ley de Armas y Municiones aprobada en 2009, al no promover y gestionar el registro de las armas de fuego a cargo de la Subdirección de la policía”, pese a que la norma establece que todas deben estar registradas en el Digecam.
Para la CGC se corre el riesgo de que las armas sean robadas, destruidas y extraviadas y no se cuente con el registro que demuestre la procedencia de las mismas.
Armando Martínez, quien fungió como Jefe del Departamento de Material Equipo de Defensa de la PNC, en el período que se realizó la auditoría, explicó que desde 2012 todas las administraciones han gestionado “ante las autoridades superiores” el registro, tenencia y marcaje de 31,555 armas de fuego propiedad de la policía, pero se ha informado que “no se ha llevado a cabo por falta de asignación presupuestaria para cubrir los costos de la legalización del armamento”.
Según Martínez, en enero de este año se solicitó la asignación financiera correspondiente, pero el jefe de la Sección de Presupuesto de la Unidad de Planificación, Eldin Juárez, informó a través del oficio 314-2019 que “no es posible realizar una modificación presupuestaria” que permita hacer el registro.
A pesar de las justificaciones las autoridades de la PNC no desvanecieron los hallazgos, por lo que la CGC estableció multas a los supuestos involucrados.
Sin mantenimiento
La falta de mantenimiento a las autopatrullas es otro de los hallazgos que señaló la CGC. “Se constató la falta de contrato para el mantenimiento de los vehículos tipo radio patrullas”, pese a que el Reglamento sobre la Organización de la PNC establece que se debe de “coordinar todas las reparaciones y mantenimiento preventivos de los vehículos de la institución”.
El problema, según la Contraloría, es que la falta de mantenimiento de los vehículo provoca “falta de presencia policial a nivel república”, pues las patrullas se descomponen y pierden la garantía.
Los involucrados trataron de desvanecer su responsabilidad, sólo lo logró el exjefe del Departamento de Material Móvil, Rodolfo Mejía, quien sí solicitó se hiciera un evento de licitación para contratar una empresa que otorgara el mantenimiento, pero ninguno de sus superiores lo respaldó.
Por ello la CGC multó a los responsables por un total de 25,215 quetzales.
por Jessica Gramajo, 15 de julio de 2019
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