La inscripción de Edwin Escobar como presidenciable del partido Prosperidad Ciudadana es un caso particular, pues el Tribunal Supremo Electoral (TSE) avaló su candidatura únicamente con el amparo a su favor para que se le entregue el finiquito, más no con el documento emitido por la Contraloría General de Cuentas (CGC), que lo eximiría de cargos penales y administrativos.
La Contraloría no emitió finiquito a favor de Escobar, según fuentes de esa institución. Ese extremo se confirmó al consultar con el jefe de la Fiscalía de Delitos Administrativos, Melvin Medina, quien indicó que sigue activa una investigación penal que involucra al Alcalde de Villa Nueva.
Tras la inscripción de Escobar, se suponía que la Contraloría había emitido el finiquito a favor del edil. Sin embargo, ante la falta de notificación Medina solicitó una copia certificada del documento, lo que determinaría el curso de la denuncia que involucra a Escobar y que investiga la Fiscalía de Delitos Administrativos. No obstante, la CGC le respondió al fiscal que este no había sido emitido.
INVESTIGADO
Al ser consultado, el fiscal informó que continúan las pesquisas en torno a la denuncia que la Contraloría presentó en 2016, en la que se cuestiona a la comuna de Villa Nueva por delegar el cobro del IUSI a una empresa privada.
La auditoría del ejercicio 2016 determinó que la tercerización
del servicio catastral se efectuó con la contratación de las empresas Marroquín, Marroquín & Asociados, S.C. y DHV Consultants Guatemala, S.A.
Escobar fue uno de los 16 candidatos beneficiados con los amparos que otorgó la jueza de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, Audy Arana, que le ordenan a la Contraloría entregarles el finiquito a los candidatos. Ante las quejas de la Contraloría, la Corte de Constitucionalidad revocó las resoluciones de Arana y le ordenó al Organismo Judicial (OJ) que investigue si la jueza tenía o no competencia para resolver los amparos de los políticos.
JUZGADO ANALIZA CASO
Ante la revocatoria del amparo a favor de Escobar, se designó al Juzgado Noveno Civil para que emita un nuevo fallo. El caso aún está en análisis y no se ha emitido resolución, informó ayer el OJ.
En la revocatoria del amparo del Juzgado de Santa Lucía Cotzumalguapa, la CC señala que no puede negar el acceso al finiquito, pero aclara que no se le puede ordenar a la Contraloría que desvanezca los hallazgos contra los requirentes, para que reciban un documento sin tachas.
Ayer, Escobar no respondió las llamadas para consultarle sobre el tema. El día que la CC anunció la revocatoria del amparo se le pidió al Alcalde una copia del finiquito, pero Escobar dijo que no lo tenía a la mano, que no era un documento que tuviera que portar, como su DPI. Se le preguntó en qué términos se le había extendido y dijo que no sabía.
Asimismo, señaló al MP por retardar la investigación en su contra, lo que le sigue pesando en su trayectoria. Ayer se le trasladó a Medina esa inquietud, y el fiscal indicó que las pesquisas toman tiempo, sobre todo el procesamiento de los datos financieros para tener certeza de si existe o no alguna responsabilidad del señalado.
El caso contra Escobar
Villa Nueva es una de las comunas que en determinado periodo decidió delegar el cobro del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) a Marroquín, Marroquín & Asociados, S.C. y DHV Consultants Guatemala, S.A. En la auditoría del periodo 2018, Escobar únicamente tiene una sanción económica por Q80 mil porque los auditores no comprobaron los convenios entre la comuna y los bancos que cobran multas de tránsito.
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