El Organismo Judicial no cuenta con ningún registro de las 11 mil 353 personas que están en condición de prisión preventiva, pese a que esta medida ha sido uno de los problemas que ha marcado diferencia entre la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y varias entidades del Estado.De hecho, las cortes del país lo que hacen es contabilizar a las personas a las que un juez les dicta esta medida, pero no existe una sistematización que permita medir individualmente el tiempo que estas pasan en prisión sin que reciban una condena de un tribunal. Del total de reos que ahora atiende el sistema penitenciario la mitad no tienen condena y no se vislumbra una solución en el corto tiempo.
Ni la Corte Suprema de Justicia, ni el Ministerio Publico, ni el Congreso han encontrado mecanismos para reducir la represa de personas bajo esta figura penal. Y aunque han existido algunas propuestas ninguna ha avanzado de manera importante en el sistema de justicia.
La prisión preventiva es declarada por un juez cuando existe el peligro de fuga o riesgo de obstaculización de la investigación de parte del sindicado, como lo ordena el Código Procesal Penal, estableciendo 90 días como máximo para definir cómo se procederá judicialmente con el acusado. Las cifras del Organismo Judicial (OJ) detallan que este año los jueces han enviado a la cárcel a 770 personas y han otorgado medidas sustitutivas a mil 177.
“Tanto el vocero como la entidad que proporciona datos carecen de las identidades de los procesados. El sistema solo guarda los números, es decir, cuántos se quedaron en prisión por resolución de juez este año y el año pasado”, dice Mario Siekavizza, vocero del Organismo Judicial.
Mientras que, por medio de una misiva, el Sistema Penitenciario, explicó que no puede revelar los nombres de las personas que están detenidas sin una condena judicial, pues argumentan que eso violentaría los derechos de los privados de libertad.
La Prisión como una tortura
Mario Roberto Veras Pappa, presidente de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura (ONPT), informó que en las visitas que habitualmente realizan en las prisiones han identificado que en promedio los casos de personas que llevan hasta tres años en prisión preventiva, cuando la ley manda tres meses.
Esto infla la tasa de hacinamiento en los penales que es de 351%. El sistema penitenciario dispone de 6 mil 809 espacios para reclusión, cuando hay 9 mil reos que pueden optar al arresto domiciliario. “Los jueces no otorgan la medida”, se queja Veras Pappa.
Esa sobrepoblación, plantea un estudio de 2018 del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), provoca la pérdida del control de las cárceles y hace aún más complejos los procesos judiciales.
- Medidas sustitutivas otorgadas y prisiones preventivas dictadas en las judicaturas durante 2017, 2018 Y 2019
| Medidas sustitutivas | Total | Prisiones preventivas | Total | ||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
| 19,361 | 19,623 | 1,177 | 40,161 | 14,318 | 13,189 | 770 | 28,277 |
| Fuente: Sistema de Gestión de Tribunales -SGT-. | |||||||
Otto Paz, relator contra la tortura, explicó después que una persona es procesada se fija un plazo de investigación que se incumple debido a que el ente solicita la ampliación y el juez lo avala en algunos casos. “La ampliación del plazo puede realizarse las veces que se requiera, no existe algo que diga solo tiene un mes más o que no se excede del año. Hoy la ampliación puede realizarse con el aval de un juez”, explica el relator.
Los abogados penalistas Santos Estrada y Nelson Samayoa coinciden en que uno de los principales retrasos tiene que ver con las diversas acciones judiciales que pueden retrasar un proceso contra un acusado.
“No es un mal de ahora. Ha sido un mal en la aplicación de la justicia y entonces hay que entrar a la solución. Ahora se habla más, pero no es un fenómeno nuevo”, comenta el Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas.
“Esto no es responsabilidad del Ministerio Público y menos de la Cicig, quien decide la situación jurídica son los jueces, pero los jueces tienen que resolver conforme a derecho y en cuanto a las normas vigentes es evidente que ya no responden a una realidad y una dinámica social, por lo tanto, es imperativo”, agrega el magistrado de conciencia.
En 2017 se presentó una propuesta para reformar al Código Procesal Penal para discutir y cambiar sustancialmente el tema de la prisión preventiva, pero esa sigue detenida.
El calendario se estira
En el estudio “Prisión Preventiva: Radiografía de un reto para el Sistema de Justicia en Guatemala”, la experta Corinne Dedick contabilizó el tiempo real que una persona en promedio pasa en prisión sin llegar a una sentencia y representa 10 veces más de lo que plantea la ley.
Los casos judiciales, según el análisis del Cien, duran 918 días en promedio. Después que una persona es procesada y remitida a una prisión. El estudio refiere que en la primera etapa referente a la investigación que debe entregar el MP se extiende 165 días, cuando debería ser de 90. Una apelación genérica puede llegar hasta 91 días en lugar de 3. Una apelación especial se resuelve en 262 cuando lo que ordena la legislación es de 60.
- El tiempo en los casos judiciales
| Duración larga de los procesos judiciales | ||||||
| Primera | Acto | Audiencia | Audiencia | Primera | Redacción | |
| declaración | conclusivo | intermedia | ofrecimiento | audiencia | de sentencia | |
| de prueba | de juicio | |||||
| Plazos en ley | 90 días | 15 días | 3 días | 15 días | 20 días | 5 días |
| Fase de investigación | Fase intermedia | Juicio | ||||
| Plazos reales | 165 días | 184 días | 73 días | 17 días | ||
| 60 días más | 169 días más | 53 días más | 12 días más | |||
| Apelación genérica: 91 días en vez de 3 | ||||||
| Apelación especial: 262 días en vez de 60. | ||||||
| Fuente: CIEN, elaboración propia con base en datos del Observatorio Judicial del Sistema de Justicia Penal en Guatemala | ||||||
Las razones de los atrasos, explica la investigadora, tiene que ver con la cancelación de las audiencias, la saturación de procesos en los juzgados y la poca flexibilidad para la reprogramación de audiencias o audiencias imprevistas. Incluso el surgimiento de nuevos casos para procesar en un juzgado golpea en el cronograma de audiencias que debía conocer la judicatura.
Consultado el sistema penitenciario sobre las personas que más tiempo han pasado en prisión preventiva la respuesta fue que no podían dar esa información, pues los nombres de las personas en el sistema es un asunto confidencial, y que tan solo pueden dar cuenta de los 11 mil reclusos que tienen bajo esta figura.
Así que los casos que se pueden citar como emblemáticos son los que se conocen por ser llevados por la CICIG y la Fiscalía Especial contra la impunidad (FECI). Entre ellos el del empresario Max Quirin, quien integró la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) que estuvo mil 219 días en prisión; también al médico Jesús Oliva -fallecido- con mil 112 días en prisión preventiva y a Douglas Charchal, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con 753 días en la cárcel.
Un caso reciente fue la detención del diputado independiente José Conrado García Hidalgo el 5 de febrero pasado en su casa, ubicada en la zona 12 capitalina. Pasó un día en la carceleta de la Torre de Tribunales y después la audiencia de primera declaración fue incluida en la agenda del Juzgado Séptimo Penal para el 22 de febrero. Ese día fue procesado por lavado de dinero. El legislador permanece en la cárcel militar Mariscal Zavala hasta que avance la investigación.
A paso lento en el Congreso
Varios congresistas críticos con los procesos judiciales llevados por la FECI y la CIGIG han planteado iniciativas de ley para reformar la prisión preventiva. Pero desde que el Gobierno y partidos cercanos plantearon su disgusto con los tiempos de prisión preventiva, nada ha caminado en el Legislativo. Esa molestia comenzó a tomar relevancia a partir de inicios de 2017.
El 28 de septiembre del 2018, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales aprobó un dictamen para modificar esta pena. La idea era unificar dos iniciativas presentadas por Luis Hernández Azmitia y la que presentó en conjunto Juan Ramón Lau y Felipe Alejos.
“En el tiempo que hemos visto la prisión preventiva se extiende indefinidamente, no por meses sino por años. Entonces, es necesario que entremos otra vez a la civilización, teniendo en cuenta que solo se puede ampliar durante seis meses una prórroga de encarcelamiento preventivo”, cuenta Fernando Linares Beltranena, expresidente de la comisión.
La otra opción para resolver desde el Congreso esta represa es la ley de aceptación de cargos, que espera avanzar a tercera lectura. Esa iniciativa fue entregada en 2017 por la Corte Suprema de Justicia. La entrega de la iniciativa fue hecha por todos los magistrados de la Corte.
El responsable de la discusión de este proyecto es el diputado Manuel Conde Orellana, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), “La iniciativa original se contemplaban cinco audiencias, después la Corte Suprema de Justicia solicitó que se rebaje a tres audiencias. Lo importante es que estas audiencias tienen un plazo entre una y otra para disminuir la mora judicial como lo que hoy tenemos”, mencionó Conde Orellana.
Sin embargo, la propuesta de ley recibió críticas de la CICIG. “La disminución del 50% de las penas y la aplicación conjunta de la conmuta, dando como resultado que todos los delitos con penas de diez años de prisión y menos quedarían en la práctica liberados de cumplimiento de pena de prisión, incluyendo delitos tan graves como la trata de personas, la violación y el cohecho, entre otros casos”, informó la Cicig.
Así, ambas soluciones planteadas desde el legislativo también se encuentra entrampadas, mientras la cifra de 11 mil reos pareciera mantenerse si una solución legislativa o judicial en el corto plazo.
Manuel Eduardo Conde Orellana explicó que se realizan enmiendas a iniciativa de aceptación de cargos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Consideraciones
El Cien en su estudio sugiere en lo legal, limitar el tiempo de la prisión preventiva y de las prórrogas; implementar un mecanismo de monitoreo de los plazos en los procesos judiciales; e implementar un plan relacionado con la alta demanda de revisión de medidas de coerción. También aumentar la capacidad del sistema judicial en cuanto a infraestructura, personal y equipo; contar con carceletas especiales para personas en prisión provisional.
Las cifras
En cuanto a las medidas sustitutivas, este año van mil 177 personas que gozan de arresto domiciliario. El año pasado fueron 19 mil, 623 y en 2017, 19 mil 361 las personas que fueron procesadas y enfrentaron sus casos sin ir a la cárcel.
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