OJ no tiene información clara de las personas en prisión preventiva

El Organismo Judicial no cuenta con ningún registro de las 11 mil 353 personas que están en condición de prisión preventiva, pese a que esta medida ha sido uno de los problemas que ha marcado diferencia entre la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y varias entidades del Estado.De hecho, las cortes del país lo que hacen es contabilizar a las personas a las que un juez les dicta esta medida, pero no existe una sistematización que permita medir individualmente el tiempo que estas pasan en prisión sin que reciban una condena de un tribunal. Del total de reos que ahora atiende el sistema penitenciario la mitad no tienen condena y no se vislumbra una solución en el corto tiempo.

Ni la Corte Suprema de Justicia, ni el Ministerio Publico, ni el Congreso han encontrado mecanismos para reducir la represa de personas bajo esta figura penal. Y aunque han existido algunas propuestas ninguna ha avanzado de manera importante en el sistema de justicia.

La prisión preventiva es declarada por un juez cuando existe el peligro de fuga o riesgo de obstaculización de la investigación de parte del sindicado, como lo ordena el Código Procesal Penal, estableciendo 90 días como máximo para definir cómo se procederá judicialmente con el acusado. Las cifras del Organismo Judicial (OJ) detallan que este año los jueces han enviado a la cárcel a 770 personas y han otorgado medidas sustitutivas a mil 177.

“Tanto el vocero como la entidad que proporciona datos carecen de las identidades de los procesados. El sistema solo guarda los números, es decir, cuántos se quedaron en prisión por resolución de juez este año y el año pasado”, dice Mario Siekavizza, vocero del Organismo Judicial.

Mientras que, por medio de una misiva, el Sistema Penitenciario, explicó que no puede revelar los nombres de las personas que están detenidas sin una condena judicial, pues argumentan que eso violentaría los derechos de los privados de libertad.

La Prisión como una tortura

Mario Roberto Veras Pappa, presidente de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura (ONPT), informó que en las visitas que habitualmente realizan en las prisiones han identificado que en promedio los casos de personas que llevan hasta tres años en prisión preventiva, cuando la ley manda tres meses.

Esto infla la tasa de hacinamiento en los penales que es de 351%. El sistema penitenciario dispone de 6 mil 809 espacios para reclusión, cuando hay 9 mil reos que pueden optar al arresto domiciliario. “Los jueces no otorgan la medida”, se queja Veras Pappa.

Esa sobrepoblación, plantea un estudio de 2018 del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), provoca la pérdida del control de las cárceles y hace aún más complejos los procesos judiciales.

  • Medidas sustitutivas otorgadas y prisiones preventivas dictadas en las judicaturas durante 2017, 2018 Y 2019
Medidas sustitutivas Total Prisiones preventivas Total
2017 2018 2019 2017 2018 2019
19,361 19,623 1,177 40,161 14,318 13,189 770 28,277
Fuente: Sistema de Gestión de Tribunales -SGT-.

Otto Paz, relator contra la tortura, explicó después que una persona es procesada se fija un plazo de investigación que se incumple debido a que el ente solicita la ampliación y el juez lo avala en algunos casos. “La ampliación del plazo puede realizarse las veces que se requiera, no existe algo que diga solo tiene un mes más o que no se excede del año. Hoy la ampliación puede realizarse con el aval de un juez”, explica el relator.

Los abogados penalistas Santos Estrada y Nelson Samayoa coinciden en que uno de los principales retrasos tiene que ver con las diversas acciones judiciales que pueden retrasar un proceso contra un acusado.

“No es un mal de ahora. Ha sido un mal en la aplicación de la justicia y entonces hay que entrar a la solución. Ahora se habla más, pero no es un fenómeno nuevo”, comenta el Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas.

“Esto no es responsabilidad del Ministerio Público y menos de la Cicig, quien decide la situación jurídica son los jueces, pero los jueces tienen que resolver conforme a derecho y en cuanto a las normas vigentes es evidente que ya no responden a una realidad y una dinámica social, por lo tanto, es imperativo”, agrega el magistrado de conciencia.

En 2017 se presentó una propuesta para reformar al Código Procesal Penal para discutir y cambiar sustancialmente el tema de la prisión preventiva, pero esa sigue detenida.

El calendario se estira

En el estudio “Prisión Preventiva: Radiografía de un reto para el Sistema de Justicia en Guatemala”, la experta Corinne Dedick contabilizó el tiempo real que una persona en promedio pasa en prisión sin llegar a una sentencia y representa 10 veces más de lo que plantea la ley.

Los casos judiciales, según el análisis del Cien, duran 918 días en promedio. Después que una persona es procesada y remitida a una prisión. El estudio refiere que en la primera etapa referente a la investigación que debe entregar el MP se extiende 165 días, cuando debería ser de 90. Una apelación genérica puede llegar hasta 91 días en lugar de 3. Una apelación especial se resuelve en 262 cuando lo que ordena la legislación es de 60.

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