Efecto dominó

Hoy martes el presidente de la República hablará en la 73 Asamblea General de la ONU. Es de esperar que en su discurso aborde las discrepancias que existen entre el gobierno de Guatemala y la ONU/Cicig y el deterioro a nivel de rompimiento a que han llegado.

Se ha generado un ambiente de alta crispación política por el fallo de la Corte de Constitucionalidad en relación con si el comisionado Iván Velásquez puede o no ingresar a Guatemala. No hay unanimidad entre los constitucionalistas. Unos dicen que la Ley de Amparo no permite cambiar el sentido a una resolución por medio de una aclaración y ampliación, dado “que el razonamiento del amparo se dio de manera unánime y no pueden tres magistrados cambiar el sentido del primero y que esto puede hacer ilegal la ampliación y aclaración”. Interpretan que en el primer amparo no se personalizaba la figura del comisionado, dejando abierta la posibilidad de que el secretario Guterres pudiese nombrar a un sustituto. Una salida con menos daños colaterales que mantendría el acuerdo vigente, evitando una crisis política de mayores consecuencias. Tiene sentido.

Otro grupo de juristas afirma que la ampliación es clara y establece que el Ejecutivo debe permitir el ingreso al jefe de la Cicig, y que desobedecerla generaría serias implicaciones jurídicas.

Detrás de todo esto subyace un elemento ideológico con una clara intencionalidad política. Para muchos es difícil comprender la insistencia de mantener a un comisionado con tantas aristas de conflictividad para poder cumplir sus funciones; con un poder Ejecutivo que lo ha declarado non grato y una parte importante de guatemaltecos que no pueden sustraerse de los efectos negativos de la polarización que está causando a todo nivel. La negativa a acceder a nombrar otro comisionado excede por mucho el daño de retenerlo a toda costa colocando, en una ruta de colisión irreversible, la viabilidad del acuerdo de cooperación.

Pareciera que la insistencia tiene el fin de llevar al Ejecutivo a una situación de quiebre si se insiste en el ingreso del comisionado Velásquez. No sería extraño que el Gobierno invocara la convención de Viena, en su artículo 41, incisos 1 y 3, ante otras instancias jurídicas internacionales, debido a que la sugerencia de Guterres de nombrar a un comisionado adjunto –figura que no contempla el acuerdo, sino en calidad pro témpore-, pero a la vez mantiene el nombramiento de Velásquez para continuar sus funciones a control remoto, genera serias dudas sobre la viabilidad de su mandato.

Tampoco se puede descartar la posibilidad de que el poder Ejecutivo denuncie el Acuerdo, basado en que el amparo de la Corte de Constitucionalidad contiene manifiestas ilegalidades en la nueva aclaración y ampliación, y por ende no estaría obligado a acatarlas. Esto desataría una ofensiva legal para defenestrar al presidente de la República por la vía de un antejuicio y se entraría a una crisis política aún mayor.

Y aquí estamos: 11 años nueve meses después. Tres comisionados. US$220 millones gastados. Cero políticas públicas para combatir la raíz de la corrupción. Tres muertos en prisión preventiva. Jueces amenazados por decretar medidas sustitutivas. Cientos de guatemaltecos con presunción de inocencia guardando prisión. Polarización por activismo ideológico. Inversión más baja en tres años. Promoción de agenda LGTB, Pro aborto y en contra de la familia. Cabeza de playa en el TSE para poder impedir la libre participación de candidatos a cargos de elección popular en elecciones de mayo del 2019. Grupos desestabilizadores que manipulan a pequeños grupos de campesinos que roban energía eléctrica, que luego venden ilegalmente. Aumento de la migración de guatemaltecos hacia EE. UU.

Conclusión: Combatir la corrupción es un deber. Con quien y cómo hacerlo, el desafío.


Alfred Kaltschmitt, 

https://www.prensalibre.com/opinion/opinion/efecto-domino

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