El 3 de mayo último, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentaron un amicus curiae —amigos de la corte— a la Corte de Constitucionalidad (CC), donde objetan nueve artículos de la reforma electoral aprobada por el Congreso y que está en discusión en la CC para dictamen y seguir el proceso de aprobación.
Los magistrados señalan que existen aspectos puntuales que deben revisarse, en atención a argumentos que se circunscriben a aspectos demandados por varios sectores, como la participación ciudadana, por lo que aconsejan, según su experiencia, que no se dé dictamen a varios artículos.
El texto señala que no está de acuerdo con la reforma porque esta cambia el espíritu y alcance de la norma vigente.
El TSE también rechaza un incremento al financiamiento público, que entre los cambios se propone elevarlo de US$2 a US$3, así como una disminución en la capacidad sancionadora del TSE, las calidades de los magistrados y la autonomía funcional del Registro de Ciudadanos.
El TSE pide a la Corte que se evite aprobar el sistema de mayoría relativa para la elección de diputados y se anule el balotaje para la elección de alcaldes y síndicos.
Respecto del voto preferente, los magistrados establecen que la fórmula que planteó la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso el año pasado y está a la espera de la sanción de la Corte no favorece a la persona que sea más votada, sino al partido y luego a quien ocupe la primera casilla de ese listado.
En cuanto al silencio administrativo, el TSE señala que puede haber inscripción de candidatos sin que cumplan los requisitos, contrario a los controles que se requieren.
Mantienen impunidad
Ayer, la comisión extraordinaria sobre el financiamiento electoral ilícito dictaminó de manera favorable la reforma al artículo 407 N, del Código Penal.
A pesar de que no tenían las firmas suficientes, el diputado Luis Hernández Azmitia finalmente decidió apoyar el cambio y darle vía libre a la reforma, que hoy se presentará a la Dirección Legislativa, a la espera de fijar fecha para su aprobación.
La normativa aprobada por la Comisión establece prisión de dos a cinco años para quien reciba o aporte dinero u otras contribuciones sin declarar.
Además, establece una multa igual a la suma de dinero recibida en el partido y no registrada ante el TSE, así como la inhabilitación para ser contratistas y proveedor del Estado hasta por un período de cinco años.
No Responses