El parlamentario de la bancada de la Unión del Cambio Nacional (UCN), Napoleón Rojas, consiguió en noviembre pasado los votos de la Comisión de Gobernación del Congreso para dictaminar favorablemente su iniciativa de ley. El proyecto denominado Ley Contra Actos Terroristas está compuesto por 58 artículos, pero al menos ocho de ellos se relacionan directamente al uso de información pública.
“Se sancionan las conductas delictivas que tengan relación con el terrorismo en todas sus formas de manifestación… que generen terror colectivo”, detalla la naturaleza del proyecto que está en fila para que se conozca en primera lectura. Otro de sus artículos refiere que es un “acto terrorista” a quien perturbe el orden público con fines económicos, ideológicos, políticos, militares y religiosos.
El dictamen que fue firmado por congresistas que integran la alianza del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) señalan que el uso de los medios de tecnología en información, comunicación, informática, electrónica o similar que provoquen temor, serán señalados de
“ciberterrorismo”.
La normativa agrega que quienes manifiesten y priven ilegítimamente de su libertad para lograr una acción se les sindicará del delito de “toma de rehenes” y será castigado con una pena de hasta 50 años.
Aunque la iniciativa hace alusión en su mayoría de artículos a delitos que se puedan cometer con armas de destrucción masiva, la sala de trabajo incluyó en medio de ellos, otros temas como: el delito de “uso ilegal de información” que sanciona a la persona que por cualquier medio obtenga, intercepte o copie información de cualquier naturaleza, puede ser penado con 15 años de prisión.
“La emisión del pensamiento está penalizada y se criminaliza el tema de las opiniones”, son parte de los temas que cuestiona el diputado de Encuentro por Guatemala (EG), Dorian Taracena, quien no firmó el documento. El congresista indicó que cambió totalmente el espíritu de la iniciativa.
El Presidente será el encargado
La iniciativa detalla que será el mandatario de la República junto con los titulares de las carteras de Defensa y Gobernación quienes serán los encargados de emprender la política para fortalecer los controles para la ejecución de la Ley Contra los Actos Terroristas.
Por Enrique García, el 14 de Febrero de 2018, en El Periódico
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