Carlos Soto, ministro de Salud, unificó en octubre una dependencia interna para tratar casos de corrupción y temas de transparencia. En esa cartera funciona una oficina con carácter de agencia fiscal dedicada a investigar anomalías en compras y contrataciones.
Irregularidades y vicios en procesos de adquisición de medicamentos e insumos, así como en contratos de personal temporal motivaron a las autoridades ministeriales a abrir una unidad anticorrupción en esa cartera en octubre de 2016.
Mynor Alberto Melgar Valenzuela, contratado en el renglón 0-29, del Departamento Administrativo (Unidad Ejecutora 201), fue designado como jefe de la dependencia. Su equipo de trabajo lo integraron tres personas.
Tres meses más tarde, el 12 de enero, representantes del Ministerio de Salud, Ministerio Público (MP), Contraloría General de Cuentas (CGC) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) firmaron una Carta de Entendimiento, con vigencia de un año, con la finalidad de abrir en la cartera de Salud una unidad anticorrupción, con carácter de agencia fiscal. El presidente, Jimmy Morales, estuvo presente ese día como testigo de honor.
En esa oportunidad se dijo que la unidad tendría un espacio físico en el edificio central del Ministerio y dispondría de personal dedicado en exclusiva a efectuar las pesquisas y averiguaciones que permitieran abrir expedientes penales.
La nueva agencia fiscal estaría compuesta por un agente fiscal, tres auxiliares y un oficial, con lo cual se intentaba garantizar probidad y confidencialidad.
A este equipo se sumarían diez auditores de la CGC y personal de la CICIG: un investigador legal, seis investigadores policiales, tres investigadores financieros (cada grupo con un asistente), tres investigadores criminales (con dos asistentes) y un conductor. En total, la nueva oficina contaría con una planilla de 34 personas.
Paralela a esta oficina funcionaba la unidad anticorrupción dirigida por Melgar Valenzuela.
Traslado
El 3 de octubre último, Melgar Valenzuela fue notificado de cambios en la estructura de esa dependencia y que sería trasladado a la Asesoría Jurídica del Ministerio, pero rechazó el cambio y presentó su carta de renuncia.
Carlos Soto, nuevo ministro de Salud, justificó la medida al asegurar que buscaba que el exjefe de la unidad anticorrupción diera seguimiento a las denuncias presentadas en el MP. Asimismo, dijo que el equipo contratado carecía de experiencia y que requería en esa dependencia, “personal de confianza”.
El funcionario cambió el nombre a la dependencia y la llamó Unidad Contra la Corrupción y Transparencia. Nombró a Edgar Rolando Cuyún Bustamante; quien fuera asesor jurídico de la Dirección de Recursos Humanos, cuando Ludwig Ovalle fue ministro de Salud para dirigir las acciones anticorrupción y a Rubén Antonio Arriola Ruiz, responsable de Protocolo durante la gestión de Jorge Villavicencio, la de transparencia.
Los dos están contratados en el renglón 0-29 del Departamento Administrativo (Unidad Ejecutora 201) con sueldos de Q18 mil y Q20 mil.
Confuso
Suceli Girón, de Comunicación Social del Ministerio, explicó que ha habido confusión sobre el tema luego de que renunciara Melgar Valenzuela. “El ministro se dio cuenta que esa dependencia duplicaba funciones. Ahora lo que se busca es que las denuncias se investiguen in situ para averiguar qué es lo que pasa. Se cambió la forma de dar seguimiento a las denuncias”, afirmó. Por ello a Cuyún Bustamante le fue asignado un equipo de seis personas.
Arriola Ruiz, entretanto, tiene a su cargo la vigilancia de los procedimientos en los procesos de compras, “lo que se conoce como Gobierno Abierto”, mencionó Girón.
La funcionaria desconoce el trabajo que efectúa la agencia fiscal. “Esto lo dirige la CICIG”, aseguró.
40
Denuncias están siendo investigadas por la Unidad Contra la Corrupción y Transparencia del Ministerio de Salud en la actualidad. Con anterioridad presentó 35 denuncias en el MP.
Por Claudia Méndez Villaseñor, el 16 de Enero de 2018, en El Periódico
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