Iniciamos un nuevo año lleno de expectativas para el país. Sin duda uno de los grandes retos sigue siendo la lucha contra la impunidad. Para lograr este objetivo es necesario contar con un Fiscal General con las características idóneas, quien tomaría posesión el próximo mes de mayo y se esperaría que diera continuidad al buen trabajo que han realizado los últimos tres fiscales generales. (Velásquez Zárate, Paz y Paz, y Aldana).
El Ministerio Público es una institución clave en la cadena de justicia, siendo su protagonismo relevante para el fortalecimiento del estado de Derecho. Los alcances de su trabajo son fundamentales para el combate de la corrupción y la desarticulación de estructuras criminales dentro y fuera del Estado.
Además debe considerarse que el MP se ha convertido en el principal socio de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que ha tenido grandes alcances en la lucha contra la corrupción. Por lo que el objetivo de los grupos mafiosos del país es colocar un fiscal a su medida. A través de su “Pacto de corruptos” intentarán influir en el proceso de selección del candidato, para poner en la silla a un títere a su servicio, que coopte el MP y entorpezca el trabajo de Cicig.
Es importante que el pueblo de Guatemala esté bien informado de todo el proceso de elección a Fiscal General, porque además de todo es vox populi que las comisiones de Postulación se han convertido en la plataforma para avalar los vicios de la impunidad en Guatemala, que incluso han terminado por prostituir la academia y los colegios profesionales.
Es bien sabido que el hampa tratará de comprar las voluntades de los que integran la comisión de postulación de este evento. ¿Quiénes son? 1. Los decanos de las facultades de Derecho de todas las universidades del país. 2. Los presidentes de la Junta Directiva y del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados. 3. El presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Estas personas son quienes elegirán entre los postulantes a una lista de seis candidatos, y Jimmy Morales será quien escoja “a dedo” al que mejor le parezca. Hay mucha desconfianza en cuanto a la persona que pueda seleccionar el presidente, que públicamente ha tomado partido por el lado de los corruptos y que ha demostrado poco apoyo para la lucha anticorrupción, haciendo alianzas con dudosos y oscuros personajes.
Por lo que no hay que dejarle opciones, depurando a todos los aspirantes y escogiendo seis profesionales de prestigio y reconocida honorabilidad.
Si estos grupos perversos logran colocar a un fiscal a su servicio, no solo se mantendrían intactas las estructuras mafiosas enquistadas en el Estado, sino que se favorecería a quienes tienen casos abiertos por corrupción y pronto los veríamos en libertad, listos para incursionar de nuevo en la política del país, sacar su dinero de las caletas y reabrir sus empresas de cartón con más fuerza que nunca.
Es decir, sería un total retroceso a los avances que se han conseguido en cuanto a la justicia y quedaríamos fuera del estado de Derecho.
La fiscalización ciudadana jugará un papel importante para vigilar el trabajo de los postuladores. Es necesario impedir que se incluyan en la lista candidatos que avalen la impunidad y corrupción. La gente decente y responsable debe contrarrestar el efecto “Pacto de corruptos” involucrándose de lleno en este proceso.
Debemos entender que la participación ciudadana no es únicamente manifestar frente a la Plaza o el Congreso un día y ya. Es educarse, informarse y mantenerse vigilando, es una tarea que nunca termina, si queremos construir un Estado social y democrático de derecho y una patria incluyente en la que todos puedan vivir con dignidad.
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