Lentos procesos de antejuicio, que muchas veces ni siquiera prosperan por contubernios “políticos”..
Para entender el muro de impunidad que se ha levantado en Guatemala, particularmente en los casos de corrupción, hay que ver la forma en que la llamada clase política ha creado todo un entramado para infiltrar el sistema de justicia, al extremo de influir significativamente en la elección de magistrados y jueces, que luego responden a intereses espurios.
Ahora mismo hay un caso vigente que puede servir para ilustrar la forma en que funciona esta trama de la impunidad: la magistrada Blanca Stalling –en prisión, acusada de tráfico de influencias y su familia vinculada a casos de corrupción– logró escalar posiciones gracias a los vínculos que fue tejiendo con la clase política que, a la vez, ha tenido en ella a una buena aliada.
Stalling fue asesora de la Secretaría General de la Presidencia durante la administración de Álvaro Arzú, luego, su nombre se incluye en la terna para que los diputados la eligieran como Directora del Instituto de la Defensa Público Penal. Fue nombrada y permaneció por dos períodos, por más que se denunciaron varias veces por la prensa abusos en el manejo de los recursos públicos.
Como se ve, escaló de un cargo a otro con influencias de los contactos políticos que ella iba desarrollando.
Mientras esto sucedía, se perfeccionaba la forma de controlar las Comisiones de Postulación, que son las encargadas de servir como filtro para la elección de magistrados, Fiscal General y Contralor General de Cuentas de la Nación. En cada elección, surgen operadores de los diferentes grupos políticos, como el afamado Roberto López Villatoro –el Rey del Tenis–, Juan de Dios Rodríguez -–expresidente del IGSS, en prisión– y Gustavo Herrera –vinculado al PP–. Ellos y algunos otros, se encargaban de impulsar candidaturas, que luego eran ratificadas por los diputados.
Así es como Stalling llega a la Corte Suprema de Justicia, organismo que seguramente hubiera llegado a presidir si no se destapan todos los escándalos a su alrededor.
Los magistrados, a su vez, influyen en los nombramientos de jueces, y entonces se agranda el abanico de influencias turbias en el sistema de justicia, en donde antes era imposible y aún ahora es difícil hacer que avancen los procesos contra diputados, funcionarios o personas vinculadas a influyentes grupos políticos.
La figura del antejuicio busca que no existan abusos o linchamientos políticos contra los funcionarios públicos –presidente, vicepresidente, magistrados, ministros, fiscal general, contralor, alcaldes y diputados, entre otros–, pero su espíritu no es encubrir, ni mucho menos, protegerlos cuando las acusaciones tienen suficiente fundamento.
Cuando procede el antejuicio se levanta la inmunidad al funcionario público, pero de ninguna manera se declara culpable, simplemente se permite que haya investigación de su persona y, eventualmente, pueda ser llevado a juicio.
Los políticos toman el antejuicio como un manto de impunidad. No les gusta que proceda, seguramente porque temen que se prueben las acusaciones en su contra. El presidente Jimmy Morales movió cielo y tierra para que el Congreso le protegiera y mantuviera la inmunidad. Álvaro Arzú utiliza influencias para que nuevamente rechacen el antejuicio en su contra y exactamente lo mismo –con estrategias diferentes–, intentan hacer los diputados Roberto Villate y Orlando Blanco. El común denominador de estos cuatro personajes, es que se les investiga por el financiamiento electoral ilícito en sus respectivos partidos –FCN-Nación, Unionista, Lider y UNE–.
Es un círculo vicioso: el financiamiento electoral ilícito sirve, entre otras cosas para ganar cargos, desde los cuales se influye en jueces y magistrados a quienes luego utilizan para garantizar impunidad. El entramado funciona bastante bien. Menos mal que, al menos en este momento, el MP es independiente y cuenta con la CICIG, para mantener vigente la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Publicado por Gonzalo Marroquín Godoy, el 29 de Noviembre de 2017, en El Periódico
https://elperiodico.com.gt/opinion/2017/11/29/enfoque-cuando-la-inmunidad-se-vuelve-impunidad/
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