En esa época ambos eran secretarios generales de Lider y la UNE, por lo que deben responder ante la ley por lo actuado con supuestos aportes anónimos de dinero durante la última campaña política, afirman el Ministerio Público y la CICIG.
Solicitudes de antejuicio en contra de los congresistas Roberto Ricardo Villate Villatoro y Orlando Joaquín Blanco Lapola han sido presentadas hoy en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que investigan casos de financiamiento electoral ilícito a Libertad Democrática Renovada (Lider-cancelado) y Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de los que eran secretarios generales en 2015.
El anuncio al respecto ha sido hecho esta tarde en conferencia de prensa por la fiscal general Thelma Esperanza Aldana Hernández y el comisionado Iván Velásquez Gómez, como parte de la investigación preliminar aunque quedó definido que las pesquisas abarcan a la totalidad de instituciones de derecho público que hace dos años intervinieron en el proceso de elecciones generales.
En el caso de Lider se explicó que:
La Auditoría Electoral del TSE efectuó hallazgos sospechosos no esclarecidos por la secretaria partidaria, como el hecho de que tuvo gastos de campaña por más de Q71 millones y de propaganda anticipada por Q12 millones 206 mil 546.61 para un total de Q83 millones 840 mil, pero ello significa que sobrepasó con creces el techo máximo de gasto fijado por el Tribunal Supremo en Q52 millones 406 mil 662.73.
La investigación condujo a determinar que Lider recibió y manejó Q21 millones 777 mil 227.72 en “aportes o contribuciones anónimas y no declarados” a la autoridad electoral, por lo que se desconoce la fuente de financiamiento lo cual no permite ser auditada ni conocer el origen de los fondos.
Dicha organización tuvo financiamiento privado y aportaciones monetarias por más de US$ 10 mil, al igual que intereses bancarios sin documentación de respaldo, y gastos de publicidad en 18 entidades contratadas.
Los hallazgos sobre financiamiento electoral ilícito en allanamientos ejecutados por el caso Construcción y Corrupción dieron lugar a decomisar información contable relacionada con Alejandro Sinibaldi, como cinco cheques por él girados como pago de supuesta publicidad y 15 documentos de esos para la compra y mantenimiento de sus yates entre 2012 y 2015.
En la averiguación preliminar se detectó que, por ejemplo, en esta clase de hechos anómalos participó Harry Jonathan Chevez, ya ligado a proceso por los expedientes de corrupción Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) y Cooptación del Estado.
En conclusión, que Lider recibió y manejó Q21 millones 77 mil 227.72 que el representante legal –secretario general– no reportó al TSE ni registró en la contabilidad, lo cual constituye financiamiento electoral anónimo.
< Que al secretario general Villate Villatoro le comunicaron de la Auditoría Electoral las incongruencias descubiertas, y que nunca fueron desvanecidas en una actitud dirigida a ocultar verdadera identidad de sus financistas y origen de los fondos.
De la UNE
Que en las elecciones generales 2015 incumplió las obligaciones de reportar al TSE las contribuciones para el pago por transportación aérea en helicópteros.
De Q2 millones 216 mil 850 este partido consignó Q1 millón 652 mil 484 como “aportes no dinerarios”, pero como la información dada al TSE resultó contradictoria se pidió a la SAT practicar auditorías en las empresas supuestamente contratadas para realizar los vuelos.
Una compañía aérea facturó Q1 millón 133 mil 875.05 a otras que, finalmente en el curso de la investigación, negaron haber contratado y pagado esos viajes, lo cual para el MP y la CICIG pone en duda lo de los “aportes dinerarios”.
En las auditorías a la empresa de helicópteros se halló documentos de pago hechos por la UNE, David y Estuardo Vargas por Q838 mil y Q247 mil, respectivamente, pero no fueron registrados en la contabilidad del partido ni reportados al TSE como financistas privados, lo cual equivale a aportes anónimos con consecuencias penales.
La UNE canceló Q1 millón 730 mil, la mayoría en efectivo, lo cual es ilícito porque la ley exige un manejo bancario que permita a las autoridades el seguimiento de la traza del dinero.
La SAT hizo cruces de reportes de vuelo de Aeronáutica Civil y la empresa de helicópteros, encontrando anomalías
El FCN-Nación
La fiscal general también manifestó que, efectivamente, el Ministerio Público y la comisión internacional se encuentran investigando aspectos del financiamiento electoral recibido por el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) en el 2015, durante la campaña política.
La averiguación está en curso por una denuncia penal planteada por el TSE y otra de la Intendencia de Verificación Especial, de la Superintendencia de Bancos. “Estamos en la investigación preliminar, pendía información del Registro de Ciudadanos, pero ayer la Fiscalía de Delitos Electorales la recibió y la estamos analizando”, dijo.
Publicado por Tulio Juárez, el 24 de Agosto, Por El Periódico
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