Publicado por Jessica Gramajo, el 17 de Julio 2017, por Prensa Libre
En su investigación, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) revelaron que de las ocho empresas que Sinibaldi habría utilizado como fachada para lavar Q69 millones en sobornos, cuatro se encontraban en Nicaragua.
La firmas nicaragüenses tenían nombres similares a las guatemaltecas: Inversiones Benelli, Inversiones Don Nico, Inversiones MJS e Inversiones Nápoles, y fueron montadas como sociedades anónimas a través de la firma de abogados Pacheco Coto, ubicada en Managua, Nicaragua.
Para crear sus empresas de blanqueo en ese país, el exministro de Comunicaciones utilizó a varios de sus allegados, quienes se presentaron como inversionistas en ganadería que tenían la intención de comprar tierras y abrir cuentas bancarias, detalló al diario nicaragüense La Prensa, Alonso Porras, socio de la filial del bufete Pacheco Coto en Nicaragua.
Porras también aseguró al medio Confidencial que la firma investigó en Guatemala a las personas antes de abrir las compañías, pero “lo único que encontraron fueron procesos abiertos por una multa que debía uno de ellos a una alcaldía y una demanda de dinero de menor cuantía”.
En la investigación del MP y la Cicig se señala como responsables de abrir las empresas en Nicaragua a Douglas Paredes, Juan Ramón Solórzano, Jorge Mario Solano, Pedro Valenzuela Crespo y los hermanos Carlos y José Francisco Presa Aguirre.
El representante de la firma de abogados reconoció al Confidencial que los hizo dudar la vinculación que existía entre Juan Ramón Solórzano y el expresidente Otto Pérez Molina, pero lo discutieron entre los socios y concluyeron que no se podía “condenar” de forma anticipada a una persona por haber sido yerno de otra. Solórzano estuvo casado con Lissette Pérez Leal.
Denuncian transacción
Para lavar los sobornos se utilizaba una modalidad de préstamos entre las empresas. En noviembre del año pasado se hizo una transacción entre Inversiones Don Nico y Constructora y Agropecuaria El Florido, por US$400 mil, como parte de un supuesto crédito; y otra más por US$500 mil a Agropecuaria Nápoles, ambas avaladas por un notario de apellido Velásquez Vela.
Sin embargo, el Banco ProCredit de Nicaragua reveló al Confidencial que advirtió a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de ese país —equivalente a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de Guatemala— sobre las transacciones y cerró las cuentas.
Jaime Pérez Leiva, asesor de la junta directiva del Banco ProCredit y exdirector de la misma institución bancaria, dijo al mencionado medio periodístico que “los inversionistas guatemaltecos no demostraron el origen de los fondos. La institución bancaria rechazó la primera transferencia, cerró las cuentas de inmediato e informó a las autoridades correspondientes de esta decisión”.
Fácil esconderse
Según el politólogo nicaragüense José Dávila, en ese país es fácil para los inversionistas esconderse porque existen muchas facilidades para abrir las empresas y para proteger sus nombres, pero para ello deben contar con el aval del Gobierno, pues a veces estos autorizan hasta al gerente que se nombrará en las compañías.
Eddy Cux, de Acción Ciudadana, aseguró que las sociedades anónimas suelen utilizarse para esconder a los inversionistas reales, lo que implica desconocer el origen del dinero. Agregó que Nicaragua ha demostrado ser un Estado cerrado y que tiene relaciones internacionales muy opacas, por lo que no es de extrañar que también en ese país se haya visto al expresidente del Congreso Luis Rabbé, quien está prófugo de la justicia guatemalteca.
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