Publicado por Editorial, el 20 de Junio 2017, El Periódico
https://elperiodico.com.gt/opinion/2017/06/20/implicados-en-un-supuesto-crimen-de-estado/
El Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jorge de León Duque, poco tiempo después de la tragedia ocurrida el miércoles 8 de marzo de 2017 en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde fallecieron quemadas 41 niñas y otras diez resultaron lesionadas, expresó: “Estamos ante un Estado que no da respuestas, ante un Estado fallido”, abonando a la tesis de un supuesto “Crimen de Estado”, lanzada por activistas de derechos humanos. “Si no cambiamos este Estado perverso que solo beneficia a la corrupción y a los pícaros, nunca Guatemala va a salir adelante”, dijo el PDH.
El Ministerio Público (MP), días después de la tragedia, promovió la aprehensión de Carlos Antonio Rodas Mejía, Anahy Keller Zabala y Santos Torres Ramírez, Secretario y Subsecretaria de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) de la Presidencia, y Director del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, respectivamente, quienes fueron ligados a proceso penal por la presunta comisión de los delitos de homicidio culposo, lesiones graves, maltrato contra personas menores de edad, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
El pasado lunes 12 de junio fueron capturados Harold Augusto Flores Valenzuela, Jefe de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Brenda Julissa Chamam Pacay, Jefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato en todas sus formas de la PGN, Gloria Patricia Castro Gutiérrez, Defensora de la Niñez y Adolescencia de la oficina del PDH, todos por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes, así como Luis Armando Pérez Borja, Subcomisario de la Policía Nacional Civil (PNC), por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad y maltrato contra las personas menores de edad, y Lucinda Eva Marina Marroquín Carrillo, Subinspectora de la PNC, por los presuntos delitos de homicidio y maltrato contra las personas menores de edad.
Por cierto, el PDH y a la jefa de la PGN expresaron preocupación por la sindicación de sus funcionarios. El juez a cargo del caso reprendió al PDH, bajo la advertencia de sindicarlo por el delito de obstrucción a la justicia.
Asimismo, el MP promovió antejuicio contra Rocío Albany Murillo Martínez, Juez de Paz del Municipio de San José Pinula, Departamento de Guatemala, por la supuesta comisión de los delitos de falsedad ideológica, incumplimiento de deberes y retardo de justicia, así como contra el Presidente Jimmy Morales, a raíz de la denuncia presentada, a mediados de marzo de este año, por los diputados Sandra Nineth Morán Reyes y Leocadio Juracán Salomé (Convergencia), por la presunta comisión de los delitos de ejecución extrajudicial, tortura, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.
En todo caso, la sindicación contra los funcionarios de la SBS y la denuncia contra el Presidente Morales, en el marco de un supuesto “Crimen de Estado” (que abarca al sector público en su conjunto), también ha puesto en el ojo del huracán a los funcionarios de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copredeh), que tiene a su cargo el apoyo al Presidente de la República y, por consiguiente, también a la SBS, en materia de derechos humanos. Asimismo, ha trascendido que en el seno del MP también podría haber responsables, por omisión, de la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, así como podrían ser sindicados otros funcionarios de la PGN, de la oficina del PDH y del Ministerio de Gobernación.
En el contexto de un supuesto “Crimen de Estado”, también podrían ser desaforados e imputados penalmente los miembros de la Comisión del Menor y de la Familia del Congreso, por incumplimiento del deber de fiscalización, que supone desentrañar lo que ocurre en todos los centros de reclusión y albergues de menores en el sector público.
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