Publicado por María Alejandra Morales – Sociedad de Plumas, el 18 de Junio 2017, El Periódico
La práctica de tipo patrimonial, que desde hace décadas se había convertido en la norma del Estado guatemalteco, ha llegado a su punto de quiebre. La costumbre de ver en el servicio público una oportunidad de enriquecimiento fácil y abundante enfrenta la mayor crisis de su historia. La evidencia define al Partido Patriota como una red criminal y de asalto al Estado, que extiende sus raíces más allá de la administración y alcanza a actores privados que se enredan en la tradición de percibir al Gobierno como un botín.
Se trata de un secreto a voces que durante décadas fue consentido no solo por políticos y funcionarios públicos, sino por la misma sociedad: la perversa costumbre de calificar como “chispudo” al funcionario que aumentaba exponencialmente su capital mientras presta servicio a la patria. Un fenómeno comúnmente aceptado y usualmente aplaudido, celebrado especialmente por aquellos que alcanzaban las migajas de los despojos que se hacían al Estado. A pesar de la aceptación con la que durante generaciones esta práctica contó, la puesta en escena de estas redes de corrupción ha generado una ola de desprecio entre los guatemaltecos. Asimismo, ha evidenciado la necesidad de depurar el sistema en todos niveles, para lo cual no necesariamente hace falta una revolución, sino más bien la consumación de un proceso de reforma que traiga consigo una serie de transformaciones que sean sostenibles en el tiempo. En este sentido, el ejercicio de Reforma Constitucional al Sector Justicia debe entenderse como un gran primer paso para reformular el funcionamiento de los tribunales que tarde o temprano decidirán sobre el futuro de los funcionarios que han incurrido en actos de corrupción.
El Ministerio Público con el acompañamiento de la Comunidad Internacional en Contra de la Impunidad en Guatemala, han contribuido significativamente a la generación del sentimiento de rechazo hacia la corrupción que hasta hoy experimentan los ciudadanos. No obstante, es preciso reconocer que el camino hacia el cambio no ha sido fácil, pues son muchos quienes guardan la esperanza en presenciar una evolución inmediata dentro y fuera del sistema. Sin embargo, la construcción efectiva de un Estado Moderno –aquel en donde existen instituciones fuertes e independientes, en donde impera el respeto a la ley y se premia al mérito por encima del compadrazgo– depende de un proceso de transformación paulatina. El mismo puede no generar resultados inmediatos, pero garantiza la obtención de derivaciones sostenibles en el mediano y largo plazo.
Para concretar el proyecto de transformación del sistema un actor de cambio imprescindible es el propio ciudadano. El cambio en este sentido deja de ser lineal y se propicia desde la misma ciudadanía. El sistema se transforma y fortalece en el momento en que desde el seno de la sociedad estas prácticas dejan de ser aceptadas y pasan a castigarse. Ese es probablemente el reto más grande al cual hoy por hoy se enfrentan los guatemaltecos, el desafiar la figura de corrupción y enriquecimiento que históricamente caracterizó al Gobierno. Bajo este escenario los partidos políticos no actuaban como representantes efectivos de las demandas de la población, sino como puentes de acceso al rentable negocio de servirse del Estado.
La coyuntura actual envía un claro mensaje a los guatemaltecos sobre la necesidad de transformarse también como sociedad, formando en valores y virtud a los ciudadanos con la finalidad de impedir que las fuerzas que anhelan enriquecerse con los negocios del Estado tengan acceso al mismo. La transformación del sistema que tantos anhelan se encuentra en nuestras manos, y se propicia cuando reconocemos que esa “chispa” que caracterizaba las formas de actuar de estos funcionarios responde más bien a un acto criminal que debe ser condenado.
@malemoralesa
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