Publicado Por Lilian Rivera el 19 de abril 2017, Por Siglo21
http://www.s21.gt/2017/04/presentan-iniciativa-menores-sean-juzgados-adultos/
Una iniciativa de ley que busca que los menores de edad que están en conflicto con la Ley Penal, sean juzgados como adultos y otra que se les castigue como mayores de edad fueron presentadas este miércoles.
Los diputados ponientes de estas mociones fueron, Juan Ramón Lau Quan, del bloque Todos y Marcos Fernando Yax Guinea, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).
Asimismo los parlamentarios solicitan que se les envíe a cárceles con adultos. Esto aplica a jóvenes que hayan cometido acciones de sicariato, extorsión, asesinato, violación, entre otros delitos.
En el primer documento que pretende reformar el Decreto 27-2003 del Congreso de la República, Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia expresa que “actualmente la fenomenología social determina que la niñez y adolescencia posee la capacidad para realizar actividades delictivas de alto impacto social” motivo por el cual
Una iniciativa de ley que busca que los menores de edad que están en conflicto con la Ley Penal, sean juzgados como adultos y otra que se les castigue como mayores de edad fueron presentadas este miércoles.
Los parlamentarios solicitan que se les envíe a cárceles con adultos. Esto aplicaría a jóvenes que hayan cometido acciones de sicariato, extorsión, asesinato, violación, entre otros delitos.
Diputado Juan Ramón Lau
En el primer documento que pretende reformar el Decreto 27-2003 del Congreso de la República, Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (PINA) expresa que “actualmente la fenomenología social determina que la niñez y adolescencia posee la capacidad para realizar actividades delictivas de alto impacto social”, motivo por el cual solicitan que se les juzgue como mayores de edad.
“Uno de los problemas sociales que amenaza a Guatemala es denominado por los científicos sociales, como: Niñez y Adolescencia Criminal; el cual el Gobierno debe tomar como prioritario para reestructurar a la sociedad”, detalla la iniciativa.
También manifiesta que las razones que le impulsaron a presentar la iniciativa fueron los recientes acontecimientos durante el mes pasado, en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde un fatal incendio cobró la vida de 41 adolescentes mujeres, el 8 de marzo, luego de haberse producido una fuga masiva de jóvenes la noche anterior. A continuación hace referencia en lo ocurrido en el Centro de Privación de Libertad para Varones Etapa II, donde internos de la cárcel tomaron como rehenes a siete monitores de los cuales cuatro fallecieron a causa de heridas de arma de fuego.
“Debe enfocarse este problema como esencial y de urgencia por ser un asunto de seguridad nacional, con el fin de que los guatemaltecos no sigan siendo víctimas de hechos delictivos dolorosos, cometidos por niños y adolescentes criminales”, concluye.
Luego, toma como referencia una tabla de estadísticas de la Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC), donde indica que durante el primer trimestre de 2014 se registraron un total de un mil 119 casos de menores juzgados por diversos delitos, siendo un 26% más que los 867 admitidos en el mismo período del 2013. En 2015 fueron un mil 118 niños y adolescentes procesados.
Para el 2016 se contabilizaron un mil 34 jóvenes con conflictos penales y hasta febrero de este año van un mil 33.
También hace referencia a que en los cuatro centros correccionales juveniles (tres de hombres y uno para mujeres) resguardan al menos un mil menores, que de estos el 91.9% cometió delitos de alto impacto social, desglosados en: 22.7% por asesinato; 19.6% por extorsión; 16.2% por portar armas de manera ilegal y el 11% por homicidio.
CASTIGOS
En cuanto a los castigos, lo que se pide es reformar el primer párrafo del artículo 261 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia Decreto 27-2003 del Congreso de la República, en donde se lee:
ARTÍCULO 261. CONTINUACIÓN DEL INTERNAMIENTO DE LOS MAYORES DE EDAD. Si el adolescente privado de libertad cumple dieciocho (18) años de edad durante su internamiento, deberá ser trasladado y terminar su condena en el centro de cumplimiento de condenas de adultos que corresponda, pues no deberá permanecer en los lugares donde se encuentren menores de edad privados de libertad. El juez de ejecución decidirá a que el centro de privación de libertad remite al condenado, debiendo remitir los autos al director del sistema penitenciario para su debido cumplimiento. Este procedimiento se llevará a cabo en un plazo que no exceda de treinta días.
POSTURAS
Siglo.21 contactó vía telefónica a la defensora de la niñez de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Gloria Patricia Castro, sobre su postura quien indicó que no están de acuerdo con iniciativas de ley que en lugar de ser preventivas sean “represivas”.
“Creemos que es de urgencia que el Gobierno implemente campañas para evitar que los adultos involucren a la niñez y adolescencia en actividades delictivas”.
También mencionó que las autoridades públicas deben “mejorar y fortalecer” todo lo relacionado a la privación de libertad. Luego Castro detalló que no consideran una opción viable estas iniciativas de ley debido a que “atenta contra la doctrina de protección integral” y que los adolescentes deben recibir un proceso y una sanción de acuerdo al delito que cometieron, apegado a las normas establecidas.
Asimismo, indicó que la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS), debería implementar programas que ayuden a los menores a desarrollarse y alcanzar las oportunidades necesarias como cualquier persona, como medida sustitutiva a estar en un centro carcelario.
Respecto al aumento de castigo, Castro dijo: “debemos preguntarnos ¿qué pasaría si se les aumenta la pena, tomando en cuenta las acciones que ya hicieron?
En tanto, al consultar a Lucrecia Marroquín de Palomo, quien anteriormente se ha manifestado a favor de la pena de muerte, en esta ocasión expresó que la “Constitución Política de Guatemala está sobre todas las leyes ordinarias” y que habría que revisarla para determinar si es posible o no que se aprueben esta propuesta.
Foto: Congreso de la República
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