La CICIG ha periclitado

Periclitar: Se dice de algo que después de haber llegado a su apogeo, inicia su decadencia.

Muy lamentablemente, la CICIG se ha mostrado como el artificio dañino que muchos anticipábamos desde el momento en que fue por primera vez sugerida bajo el nombre de CICIACS (Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad). Y que fue aprobada por el Congreso de la Republica el 1 de agosto del 2007 con las siglas de CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala).



El experimento, caso único en el planeta de renuncia colectiva y voluntaria a la propia soberanía nacional, ha terminado por mostrarse un fracaso rotundo. Ni se ha hecho justicia, ni se han respetados los más elementales derechos humanos. Casi todo ha seguido la pauta de la más despreciable politiquería.

Plagado todo, encima, de violaciones a la ética más elemental de un Estado de Derecho, según lo concreta el artículo cuarto de la Constitución: “En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades.” ¡Qué ironía!

En otras palabras, una gangrena adicional al ya por demás exangüe estado del Poder Judicial en Guatemala.

En perfecta lógica otro resultado no era de esperar, aun cuando algunos de los participantes en tal utopía se hayan manifestado ocasionalmente como hombres y mujeres de buena voluntad. En conformidad al dicho conocido de que “de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno”…

Y es que el mero proyecto de la CICIG ha sido enteramente utópico desde su incepción. ¿Cómo han osado fortalecer localmente la dispensación de la justicia desde el extranjero?

Hay, por lo tanto, que recortar pérdidas que se acumulan y clausurar ese espectáculo fallido cuanto antes. A su amparo, pues, sus zarpazos a la institución de un verdadero Estado de Derecho se han vuelto crecientemente mortales.

Muchos de quienes todavía justifican la presencia de la CICIG desde sus hogares en cómodas poltronas no tienen para nada en cuenta el sufrimiento real de los llevados a prisión hipotéticamente preventiva. Ni nada saben del dolor de los miembros separados de las familias, como del de los exiliados, sea dicho de paso, que conozco por experiencia propia, mucho menos de las heridas infringidas al honor de las personas privadas de su libertad; peor aún, ni llegan a imaginar el peso de la soledad inmerecida y de la diaria punzada del saberse injustamente mal tratados en suelo propio por un extranjero y sus serviles cooperantes guatemaltecos.

Tampoco de la incertidumbre aplastante día tras día, mes tras mes, año tras año sobre el futuro de cada cual y del de sus seres más queridos.

Además, queda siempre la herida lacerante abierta por los charlatanes que tanto hablan de “derechos humanos” que ni entienden ni mucho menos respetan, y que don Iván Velázquez, por cierto, muy al estilo de la política actual colombiana bajo el Presidente Santos, ha decidido escoger arbitrariamente de chivos expiatorios.

Muy por encima de todos esos casos particulares, pesa, reitero, el inmenso obstáculo acumulado durante toda la trayectoria de la CICIG a la instauración de un genuino Estado de Derecho en este suelo.

A propósito de eso último, a manera de recordatorio, la CICIG, el Ministerio Público y el indiscreto y burdo patrocinador de ambos, el embajador de los Estados Unidos, Mr. Todd Robinson, entre todos han violado reiteradamente artículos constitucionales preeminentes:

El artículo cuarto, que afirma que “Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad.”

El artículo doce que reza: “La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos ni por procedimientos que no estén pre-establecidos legalmente.”

El artículo trece: “No podrá dictarse auto de prisión sin que preceda información de haberse cometido un delito y sin que concurran motivos racionales suficientes para creer que la persona detenida lo ha cometido o participado en él. Las autoridades policiales no podrán presentar de oficio, ante los medios de comunicación social, a ninguna persona que previamente no haya sido indagada por tribunal competente.”

Y el artículo catorce que sostiene que: “Toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada.”

Desde su inicio, todo ello ha dejado de ser objeto de posibles interpretaciones subjetivas. Las violaciones al Estado de Derecho han sido, y son, flagrantes e insoportablemente descaradas, ante el mutismo vergonzoso de las autoridades judiciales guatemaltecas.

El coronel Juan Chiroy Sal, por ejemplo, acusado de incumplimiento de deberes, ya ha sobrepasado con creces los términos del castigo al que hubiese sido sometido de habérsele hallado culpable por juez competente. No ha habido, en su caso en ningún momento, ni juez competente, ni debido proceso legal, ni defensor de derechos humanos que haya mediado en su caso. ¡Asqueroso por parte de esos magistrados cómplices de la Corte de Constitucionalidad, y también de la Corte Suprema, no menos de la Fiscal General y del que funge de Procurador de los Derechos Humanos, que sí hubieran debido ser llevados todos a juicio por incumplimiento de deberes al corto y al mediano plazo!

Me permito de nuevo recordar a mis lectores el tristísimo caso de Casimiro Pérez, un labriego vecino del caserío Nuevo San Francisco, en el municipio de San Pablo del Departamento de San Marcos.

Un grupo de facinerosos de la localidad que osan pretextar ser defensores de la naturaleza y de los derechos humanos en el lugar lo secuestraron, lo golpearon y lo humillaron al ritmo del apelativo de Judas. Todo, porque se había negado a integrarse al grupo de violentos que habían planeado dañar el proyecto de hidroeléctrica local. Ya lo habían previamente privado de su libertad congénita en una infame carceleta local y le habían hecho acarrear pesadas piedras durante ocho largos días. Muy buen argumento para el pluralismo jurídico que propugna para un territorio que no es el suyo natal don Iván Velázquez.

Y la familia que fue enteramente exterminada en la aldea Los Pajoques, de San Pedro Sacatepéquez, por instigación del cabecilla Daniel Pascual, aguarda en otro mundo que no en este de Guatemala y la CICIG, que se le haga justicia.

¿Y qué decir del brutal asesinato de Byron Lima dentro de las premisas públicas de Pavón y ante numerosos “testigos” amedrentados? ¿Ha investigado algo el Ministerio Público o ha iniciado la CICIG un acompañamiento del caso a través de su fiscalía especial? Y, ¿cuántos abogados penalistas han sido asesinados a plena luz del día en los años de la presencia de la CICIG en Guatemala sin que se haya logrado identificar, mucho menos procesar, a tales autores de delitos graves? ¿Qué mejora ha significado la CICIG en la aplicación de la justicia para el ciudadano de a pie y no únicamente en los casos de alto impacto político?

A propósito de esto último, don Iván Velázquez y doña Thelma Aldana remontaron como buenos surfistas las crestas de las olas de las protestas sociales que hubieron de llevar a la renuncia de la Vicepresidente Roxana Baldetti y más tarde hasta del mismo Presidente, Otto Pérez Molina. Pero ese logro fue de la ciudadanía, de ninguna manera de ellos.

He llegado, por tanto, con muchos otros, a la desalentadora conclusión de que en el sector justicia y en el del Ejecutivo de la nación guatemalteca se transparenta cada vez más la falta de hombría.

La cobardía ha llegado así a hacerse hábito entre los funcionarios más altos del Estado, pésimo ejemplo para todos sus modestos subordinados en el sector público. Aquí me permito lamentar de nuevo la total ausencia de cursos de ética profesional en la Universidad de San Carlos de donde proceden la aplastante mayoría de los funcionarios de los poderes soberanos del Estado.

Y me pregunto, ¿cómo se han atrevido los funcionarios electos y los designados a su turno por ellos aceptar las responsabilidades propia de sus cargos respectivos si parecen carecer de la más elemental dosis de firmeza de carácter para hacer cumplir la Constitución y las leyes?…

Por lo tanto mientras más pronto se deshaga Guatemala de ese mamotreto inútil y destructivo de la CICIG, más posibilidades hay de que Guatemala llegue a ser por fin un genuino Estado de Derecho.