Publicado por Prensa Libre el 14 de marzo 2017
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El diputado Juan Ramón Lau, una de las figuras más cuestionadas del actual Congreso de la República, perteneciente hoy en día a la bancada Todos, pretende ahora retractarse del contenido de un paquete de reformas al Código Penal, con el objetivo de reducir los castigos por casos de corrupción.
Desde hace varios días, diputados cuestionados y algunos de ellos con problemas ante la justicia se han dado a la tarea de consensuar cambios a delitos cruciales en la lucha contra la corrupción, como el de financiamiento ilícito de campañas electorales, donde se buscaría reducir las penas para los implicados.
Cabe recordar que el presidente Jimmy Morales enfrenta una investigación en el Tribunal Supremo Electoral porque cuando fue secretario general de FCN-Nación se manejaron recursos que no han sido esclarecidos, así como aportes en especie que podrían ser ilegales o que, en todo caso, deben cuantificarse para terminar con la idea de que eran obsequios a la persona y no al candidato presidencial.
Otras enmiendas apuntan a la reducción de pena por los delitos establecidos por recibir sobornos y por asociación ilícita, lo cual constituye una monstruosidad legislativa, pues se estaría dando un paso atrás en los esfuerzos por reducir la corruptela. Lamentable, porque personajes con un pasado oscuro estarían tomando una decisión trascendental para legislar en su beneficio, y esto no puede ser tolerado y se debe denunciar a quienes buscan manipular leyes.
Es casi seguro que quienes impulsan estos cambios estén pensando en pesquisas inminentes sobre el más famoso caso de corrupción en Latinoamérica, como la fue el reparto de sobornos otorgados por la empresa brasileña Odebrecht a ministros, presidentes y un amplio número de políticos que impulsaron obras amañadas para beneficiar a esa empresa.
Esas investigaciones están avanzando en varios países, y en otros, como Perú, también se han tomado medidas correctas, como la inhabilitación en toda actividad política de quienes resulten salpicados por esos escándalos, cosa que en Guatemala se pretende hacer, de manera vergonzosa, por la vía contraria, beneficiando a gente que llegó al poder a enriquecerse de manera vil.
La inmoralidad de los diputados no parece tener límites, y lejos de endurecer los castigos contra quienes han desempeñado de manera irresponsable sus cargos en el sector público, ahora se busca casi premiar la práctica de la corrupción, a pesar del enorme daño y la desfachatez con la que actuó la cúpula del Partido Patriota, una de las administraciones más señaladas.
Estas maniobras coinciden, además, con otros ataques orquestados por medio de las redes sociales en contra de las figuras más relevantes en la lucha contra la corrupción, a los que se unen sectores opuestos a que se fortalezcan las investigaciones, todo a un costo millonario. Por ello la iniciativa 5148, impulsada por Juan Ramón Lau, tiene que ser repudiada, pero también se debe denunciar a quienes estén confabulados para aprobar tal proyecto, porque al hacerlo se estaría creando una legislación a todas luces inconveniente.
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