Publicado por Prensa Libre el 28 de enero 2017
Pese a que la lucha contra la corrupción ha sido ardua, esos esfuerzos todavía no se perciben, lo cual se traduce en un estancamiento del país o por lo menos en la percepción de quienes han podido ser consultados en la más reciente medición efectuada por Transparencia Internacional, que ubica a Guatemala entre las naciones más corruptas del continente, cuya calificación se mantiene.
Nuestro país, junto a Venezuela, Colombia y Cuba siguen a la cola de la calificación global, lo cual es mucho decir, pues eso nos ubica en las últimas posiciones de la evaluación, mientras que Costa Rica, Argentina y Paraguay se llevan la nota positiva con una sensible mejora en esa calificación de naciones latinoamericanas.
En una calificación de cero a 100 puntos, donde la menor puntuación equivale a altos niveles de corrupción y la mayor, a escasa cultura de la corrupción, Guatemala se ubica con 28 puntos, una mala nota que compartimos países igualmente rezagados en desarrollo, aunque para nuestro consuelo esa puntuación nos deja en la misma posición del 2015: 136 de 176 países.
La lectura positiva podría encontrarse en la labor que durante los últimos meses desarrollan el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que son las dos instituciones que claramente realizan enormes esfuerzos por desarticular estructuras de corrupción que durante décadas se han enquistado dentro del Estado.
Estas calificaciones son importantes porque reflejan la percepción de la ciudadanía sobre la visión de país en temas específicos como la cultura de la corrupción, que mientras no se erradique tendrá otras repercusiones determinantes en otras áreas de desarrollo, algo que se resisten a aceptar quienes tienen en sus manos las posibilidades de ponerle freno a esa práctica.
Quizá pocos entiendan que la corrupción tiene hondas repercusiones en muchos indicadores de desarrollo, pero también en el funcionamiento pleno de las instituciones, que al no lograrlo empujan al poco recomendable camino de la ingobernabilidad.
Cuando no se logra ese funcionamiento es cuando se disparan los indicadores de impunidad, como suele ocurrir en nuestro medio, según lo ejemplifican los delitos de cuello blanco, que están entre los menos castigados, precisamente por esa red de relaciones perversas establecidas entre políticos y operadores del aparato de justicia que prácticamente parecen corresponderse en favores.
Eso, como la señala el informe de Transparencia, también se traduce en una gobernabilidad deficiente o en instituciones débiles, donde la división de poderes es casi inexistente, con el consiguiente debilitamiento del estado de Derecho.
Uno de los aspectos más nocivos para cualquier democracia es la pérdida generalizada de valores, porque eso abre las puertas a prácticas corruptas entre políticos, funcionarios y empresarios, lo cual redunda en un enorme daño al sistema, porque son millonarios los recursos que se desvían en beneficio de unos pocos.
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