El contragolpe de la CICIG y el MP

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Publicado por Canal Antigua el 15 de diciembre 2016


Para los que ven la política como negocio, el objetivo central de su participación en el ámbito público es rentabilizar su influencia política. El modelo consiste, esencialmente, en aprovechar los cargos de elección popular o nombramiento ejecutivo para garantizarse rentas a partir de tres estrategias espurias: cobrar para no cobrar (tarifas, impuestos, regalías), cobrar por asignar contratos (plazas, servicios, obra pública), o simplemente ordeñar el fisco a través de formas fraudulentas (precios inflados de productos/servicios/obra pública, plazas fantasma, o simulación de contratos).



El financiamiento de campañas es el primer paso de varias “inversiones” orientadas a sacar jugo de las múltiples oportunidades que ofrece el sector público para hacer dinero, sin necesidad de tener que organizar una empresa productiva o comercial. De esta manera, varios candidatos electos en la campaña del 2015 (y sus financistas) participaron del proceso democrático con el fin de rentabilizar sus inversiones de campaña. Pero la lucha contra la impunidad y la corrupción, impulsada por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se interpuso en sus objetivos y les impidió hacer lo que tenían planeado para el 2016. Así que luego de un primer momento confuso, en el que no entendían cómo hacer dinero en este nuevo contexto, se agruparon en el Ejecutivo, en el Congreso y en la Corte Suprema para garantizarse que el 2017 sí será el año de las ganancias esperadas.

El bloque pro-impunidad y pro-corrupción se reorganizó desde varios frentes. Finalmente, obtuvo sendas victorias al asegurarse elecciones en la Corte Suprema y en la Junta Directiva del Congreso afines a sus intereses y, adicionalmente, consiguió una victoria simbólica con la no aprobación de algunos artículos del proyecto de Reformas Constitucionales. Corrió el licor y las celebraciones tempranas de fin de año, felices todos de haber puesto “las cosas en orden” y de saber que el año “seco” del 2016 no se repetirá en el 2017.

“¿De qué vale participar en política, si no se hace dinero con esa participación?” y “¿cómo hacer dinero desde lo público, si uno tiene miedo que lo agarre el MP y la CICIG?”. Esas eran las preguntas que se hacían las redes de corrupción y de promoción de impunidad, antes consternadas y ahora relajadas. Fue tal la euforia de sus victorias de fin de año, que algunos hasta se envalentonaron y viajaron a Washington para ver si con la nueva administración Trump, logran “tener cuello” y sacar al embajador Robinson (para supuestamente acabar con el apoyo que brinda EE.UU. a la lucha contra la impunidad).

El alegrón duró poco. De pronto se sucedieron golpes contra los grandes operadores políticos que desde el Congreso encabezaron el rechazo a la CICIG y el MP: arraigo y levantamiento del derecho de antejuicio para el diputado

Ovalle, y allanamiento de propiedades contra el exministro y exdiputado Alejandro Sinibaldi. Adicionalmente, el MP y la CICIG anunciaron casos de gran envergadura para el 2017 (“como los del 2015”). Adicionalmente, el comisionado Velásquez ha enviado mensajes vía redes sociales para asegurar que “los muertos de los que habláis, gozan de buena salud”.

El 2017 será un año decisivo para la lucha contra la corrupción y la impunidad. Será el momento clave que definirá si Guatemala sigue en manos de una clase política y empresarial mafiosa, que se ha dedicado a denigrar el servicio público, o si se logra su derrota definitiva y la democracia empieza a florecer bajo el sol de la honestidad y el decoro.

La madre de las batallas está por venir, y nadie puede ser neutro en este contexto. O se está con la corrupción y la impunidad, o se está a favor de la honestidad en la gestión pública. Frente a este dilema, hay que abandonar el silencio ciudadano y levantar inequívocamente la voz y la bandera en favor de la Justicia.

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