Publicado por el Periódico el 15 de noviembre 2016
Según el diccionario Merriam Webster, “caza de brujas”, en una traducción libre, significa todos los actos “de buscar y castigar injustamente a las personas acusadas de tener opiniones que se creen peligrosas o malas”. De una manera más amplia, según Wikipedia en idioma castellano, por caza “caza de brujas” se entiende “la persecución de un enemigo percibido de forma sesgada e independiente de la inocencia o culpabilidad real”. La actual iniciativa de Ley de Competencia, aprobada ya en primera lectura en el Congreso, contiene tal sesgo interpretativo, a la vez que confiere tantos poderes discrecionales a la autoridad encargada de hacer cumplir la ley, que nada impide que una vez aprobada se convierta en un instrumento para una verdadera “cacería de brujas” contra todo lo que, a juicio de los expertos, pueda implicar un acto en contra de la competencia, sea que tal acto exista y cause daños o que simplemente sean alucinaciones de quienes tienen el poder en sus manos.
Dicha iniciativa de ley confiere a esta autoridad todo el poder para acusar a cualquiera de cometer prácticas prohibidas; ante la falta de definiciones operativas en la ley, serán los funcionarios a cargo de hacer cumplir la ley quienes definan, según su particular punto de vista, lo que constituye una violación a las prácticas permitidas; al momento de actuar, dichas autoridades no tienen obligación alguna de establecer el supuesto daño causado al consumidor, la eficiencia económica o a otros competidores por la práctica prohibida, la ley les otorga el poder para asumir, per se, que la práctica prohibida provoca daños; el acusado, ante los elevados costos del litigio, la severidad de la pena y la imposibilidad de defenderse, puede declararse culpable rebajar la intensidad y duración del castigo, y; finalmente, una vez juzgado, el sujeto procesal que desee que su fallo sea revisado está obligado a recurrir a la mismas autoridades que lo sancionaron. El nombre del juego, en pocas palabras: una vez acusado, seguramente condenado.
La conocida obra de Arthur Miller, Las Brujas de Salem, recientemente puesta en escena de forma magistral por el conocido director guatemalteco Guillermo Monsanto, es un buen ejemplo de lo que puede llegar a suceder cuando se confiere a un pequeño grupo de personas el poder total para controlar determinados fenómenos, sin que estas autoridades tengan obligación alguna de demostrar los daños, supuestamente causados por los acusados, y sin que los acusados tengan acceso a un juicio justo. Creer que se hace un bien a los consumidores, a la economía, al nivel e intensidad de la competencia en los mercados y a la eficiencia económica concentrando tanto poder discrecional en tan pocas manos es un error. Lo que sucedió con la SAT antes de la última reforma es el mejor ejemplo de ello; insistir en el mismo tipo de diseño institucional y pretender que la situación resultante sea distinta no tiene fundamento alguno.
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