Publicado por Contrapoder el 27 de octubre 2016
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Las palabras del narcotraficante que está a punto de ser extraditado, suponen una prueba no solo para la justicia, sino para la democracia.
Foto: Fabricio Alonzo/DiarioDigital
Marlón Monroy Meoño se convirtió en pocos meses desde su captura hasta su inminente extradición a Estados Unidos en un personaje de la mayor relevancia para Guatemala. Un cuarentón lenguaraz y extrovertido, Monroy, o El Fantasma como a él le gusta llamarse, usa y reparte entre sus colaboradores unos anillos dorados con la imagen de una calavera como su logotipo. El Fantasma ha hablado sin remilgos sobre su papel en el narcotráfico, sobre el acercamiento que tuvo de un grupo mafioso para planificar un atentado contra Thelma Aldana, la fiscal general de la República y sobre el vínculo entre políticos y traficantes de drogas.
Sus palabras son igual de escandalosas que las de Juan Carlos Monzón, el colaborador e caz del caso La Línea y Cooptación del Estado. Pero a diferencia de Monzón, a El Fantasma aún no le escuchan de manera formal las autoridades guatemaltecas. Y no piensan hacerlo. Eso impide establecer la certeza de son sus señalamientos.
Decididos a no poner obstáculo a su extradición, exigida como una prioridad por las autoridades antinarcóticas de Estados Unidos, los fiscales del Ministerio Público (MP) han evitado tomarle declaración y recoger su acusación en contra del hijo del vicepresidente Jafeth Cabrera. Monroy asegura que Jafeth Cabrera Jr. le solicitó un millón de dólares, pero que él solo entregó medio millón para la campaña electoral del actual gobernante.
Si establecer con claridad meridiana la certeza de esas acusaciones contra un familiar cercanísimo de un alto cargo público no es prioritario, será difícil establecer qué pueda serlo.
La fiscal general Thelma Aldana ha avanzado ya que, aún sin recoger formalmente las declaraciones de Monroy, el asunto es materia de investigación por la Fiscalía de Lavado de Dinero. Y se sabe bien que al menos un investigador de la Comisión Internacional contra la Impunidad ha abordado a El Fantasma en su prisión de la base militar Mariscal Zavala para preguntarle sobre el tema sin obtener evidencia.
Pero, de acuerdo con El Fantasma sí existe una forma de comprobar con claridad la presencia del hijo del ahora Vicepresidente en su casa ubicada en la carretera a Santa Elena Barillas. En ese lugar, Monroy contaba con un sistema completo de cámaras de vídeo que grababan el ingreso por el portón, luego el acceso a la residencia y también en su interior. La presunción de El Fantasma es que al ser capturado ese sistema de video cámaras fue incautado por las autoridades antinarcóticos de Estados Unidos. En esos registros se encontraría la prueba que el sistema de justicia guatemalteco busca o dice buscar.
Si al revisar estas grabaciones queda descartada la presencia del hijo del Vicepresidente en el lugar, y si al indagar sobre su perfil de gasos no aparece ninguna incoherencia con sus ingresos, pues el tema simple y sencillamente debe ser archivado. El propio vicepresidente Cabrera ha presionado a magistrados de la Corte de Constitucionalidad a favor de un diputado oficialista como Édgar Ovalle de quien también existen sospechas de relaciones con la mafia.
Mantener aunque solo sea la presunción escasamente fundada de que un integrante del binomio que se presentó ante la ciudadanía como la expresión de una nueva manera de hacer política puede haber tenido vínculos con el narcotráfico, debilita a las instituciones nacionales.
Ponerle fin a este asunto, con una investigación concluyente es lo que más conviene al sistema completo.
Además, nada resulta más edificante que percatarse que, aún si es hijo de un gobernante, todo guatemalteco está sometido a la ley y no puede ignorarla.
El gobierno de Jimmy Morales está plagado ya de sospechas sobre su vinculación con poderes mafiosos y su interés por frenar las reformas que otorguen mayor independencia y profesionalismo a la justicia como para cargar con este foco de desgaste.
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