Publicado por lahora.gt el 8 de octubre 2016
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Q7 mil 13 millones gastados en ocho años
El Caso denominado “El Bodegón”, develado por el Ministerio Público (MP) hace algunos días, demostró que quienes buscan hacerse de dinero fácil no están dispuestos a detenerse por nada aunque eso implique utilizar a los que más necesitan los recursos del Estado, como los beneficiarios de los programas sociales. La estructura habría usado el programa Pacto Hambre Cero (cuyo origen es la Cohesión Social del gobierno de Álvaro Colom y Sandra Torres) para sacar provecho de la misma destinando granos en malas condiciones a personas de escasos recursos. Analistas consultados consideran que los programas no han atacado de raíz la pobreza en el país y que el efecto de los mismos ha sido casi nulo.
Los programas sociales fueron creados con el argumento de que eran efectivos para erradicar la pobreza y pobreza extrema e iniciaron durante el gobierno del expresidente Álvaro Colom y Sandra Torres en 2008. Posteriormente fue el Partido Patriota (PP) el que continuó con los mismos, pese a que en repetidas ocasiones los criticaron.
La falta de transparencia fue una de las críticas realizadas. En 2009 el Consejo de Cohesión Social se negó a entregar la información completa a entes fiscalizadores acerca de los beneficiarios, pese a que por Ley debían realizarlo.
La negativa, según el Consejo de Cohesión Social, se debía a que los beneficiarios del programa “Mi Familia Progresa”, dijeron no estar de acuerdo con hacer pública su información y pedían que la misma se mantuviera en reserva.
Las dudas sobre el programa continuaban y en 2012, tras la llegada del PP al poder, la modalidad continúo. El Consejo de Cohesión Social desapareció para dar lugar al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) que sería la institución designada como responsable de dar continuidad a los programas.
En ese contexto, en el que aún prevalecían las dudas sobre el verdadero destino de los fondos, el partido naranja impulsó los programa de “Bolsa Segura”, “Bono Seguro” y “Mi comedor seguro”.
Según datos del Ministerio de Finanzas, en los últimos ocho años, el total del gasto ejecutado en los programas de bolsas de alimentos, comedores públicos, escuelas abiertas y transferencias condicionadas ascendió a Q7 mil 13 millones.
En tanto durante el gobierno del Partido Patriota, los gastos de ejecución en programas sociales de 2012 a 2015, ascendieron a más de Q3 mil 333 millones, de acuerdo a información del Mides.
¿DISMINUYÓ LA POBREZA?
Paradójicamente en ese lapso la pobreza aumentó, pues según la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) en 2014 se contabilizaron 9 millones 373 mil guatemaltecos que vivían en condiciones de pobreza, un 59.3 por ciento de la población.
Unos ocho años antes, en 2006, la pobreza llegaba al 51 por ciento del país, unos 6 millones 625 mil individuos, según la misma encuesta.
El aumento fue de más de ocho puntos correspondientes a los indicadores de pobreza, lo que supone un incremento de más de 2 millones de guatemaltecos que viven en esa condición.
Para 2014, los departamentos de Alta Verapaz, Sololá y Totonicapán registraron los niveles más altos de pobreza (83.1 por ciento, 80.9 por ciento y 77.5 por ciento, respectivamente) mientras que los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez y Escuintla registraron los más bajos (33.3 por ciento, 41.1 por ciento y 52.9 por ciento, respectivamente).
La encuesta también expone que siete de cada diez menores de edad habitan en hogares pobres, en tanto un 70.2 por ciento de niños menores de 10 años viven en pobreza y un 65.9 por ciento de menores de 10 y 17 años, respectivamente, son pobres.
MINISTRO: SE PRESTABAN AL CLIENTELISMO
José Moreno, titular del Mides, expresó que con la finalidad de mejorar la transparencia sobre las transferencias condicionadas para alimentos, iniciaron de nuevo todo el proceso de registro, pues reconoce que las mismas se prestaban al “clientelismo”.
Según el funcionario, cuando se mandó a verificar los listados al Registro Nacional de las Personas (Renap) se encontró que de los 21 mil beneficiarios, unos 6 mil no existían o los números del DPI no tenían relación con los nombres, y por eso se tomó la decisión de depurar el listado.
En tanto, refirió que hay unos 650 mil beneficiarios del bono que reciben Q300, que están condicionados a llevar a sus hijos al Centro de Salud y a la escuela. “Hemos ejecutado unos 225 millones de quetzales a la fecha, están pendientes 300 millones” dijo.
Sobre la ejecución presupuestaria, Moreno explicó que el año pasado no se logró ejecutar el 50 por ciento, mientras que para este año lo asignado fue de Q1,025 millones.
Keneth Ordoñez, secretario de ese Ministerio, comentó que no poseen datos de ejecución de cuando la institución se constituía como Consejo de Cohesión Social, porque era un programa manejado por una “comisión”, en la cual cada uno de los ministerios realizaba un aporte.
“EL BODEGÓN” Y EL PACTO HAMBRE CERO
Ocho años más tarde y tras las dudas que dejó el manejo de los programas sociales, el Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía de Delitos Económicos dio a conocer el Caso “El Bodegón”, que en principio estaba relacionado a la estructura criminal “Agua Miel” que transportaba azúcar en compartimientos ocultos en cisternas.
El MP situó el origen de “El Bodegón” el 25 de agosto de 2014 cuando el Gobierno del Partido Patriota (PP) decretó estado de Calamidad en 16 departamentos a causa del fenómeno de “El Niño” y la canícula prolongada, con lo que se abrió la posibilidad de la contratación por compra directa de maíz y frijol con la referida empacadora.
La adquisición consistió en 1 millón 500 mil cupones canjeables por raciones de alimentos con lo que las familias necesitadas podían recibir 1 quintal de maíz y unas 30 libras de frijol, todo por un monto de Q492 millones 930 mil.
La falta de un estudio de daños ocasionados por la canícula prolongada que respaldara la aprobación de un estado de Calamidad para 16 departamentos, fue señalada en su momento por la Contraloría General de Cuentas (CGC).
Según la Fiscal General Thelma Aldana, se determinó que el producto que ingresaba de contrabando a Guatemala proveniente de México fue distribuido como parte del plan oportunidad “Pacto Hambre Cero” dirigido por el Gobierno y que tenía como finalidad proveer a las familias de escasos recursos de granos básicos.
Otro aspecto señalado por la Jefa del MP es que el maíz ingresado de contrabando o buena parte de este, no era incluso apto para consumo animal.
Ana Elena Guzmán, subsecretaria del MP, detalló que se logró determinar que el producto al que se le realizó el análisis por el Ministerio de Salud y del Ministerio de Agricultura y Ganadería (Maga), no era apto para consumo humano, ya que presentaba gorgojos aunado a que le aplicaron pastillas para curarlo y eso resultó más dañino para la salud de quienes lo consumieron.
Entre los lugares donde se distribuyó el maíz de contrabando figuran Nahualá, Santa Catarina, Santa Clara la Laguna de Sololá y los Altos Salcajá en Quetzaltenango. Los sacos en los cuales fueron entregados los granos correspondían a los utilizados en los programas sociales del Gobierno.
Por otro lado, Brenner López encargado de la Fiscalía de Delitos Económicos del MP, dijo que a este caso se buscaría añadir un informe sobre las consecuencias en la salud que habrían tenido los afectados al consumir estos productos. De este informe estaría a cargo la CGC aunque eso se realizará en otra fase de la investigación, apuntó.
PROGRAMAS SE PRESTAN A PRÁCTICAS CLIENTELISTAS
Alejandra Contreras, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), comentó que el objetivo del Pacto Hambre Cero se constituye sobre la erradicación de la desnutrición crónica infantil cuyo condicionante es representado por el bajo nivel de ingresos que tienen los hogares.
“La poca disponibilidad de empleos decentes no permite a las familias tener un ingreso que les permita adquirir una Canasta Básica de Alimentos, y eso es en general el gran problema que hay detrás”, apuntó.
A decir de la experta, el problema con este tipo de programas es que en lugar de ir a la causa estructural como puede ser la falta de empleo, que permita obtener un salario, se enfocan en soluciones paliativas, cuando se entiende que en una época de hambruna o sequía una bolsa de alimentos puede ser un recurso, pero que debería ser temporal.
Por otro lado, Contreras indica que la situación en el Corredor Seco es histórica, en donde no existe un verdadero abordaje de las razones de pobreza existentes y en donde se debería evaluar qué tipo de actividades serían de beneficio para las familias.
Esto es consecuencia de que los programas están mal diseñados, porque no atacan las causas estructurales sino que son programas paliativos, y al ser así en primer lugar ni solucionan el problema y en segundo lugar se vuelven medidas que generan en la población cierta expectativa, apuntó.
El problema con las Bolsas Seguras o Solidarias es que muchas personas llegaban a vender lo que les daban, este tipo de programas ni resuelven y se prestan a estas prácticas clientelistas, porque han sido mal utilizados y pareciera que encima de, había adquisiciones anómalas, indicó.
EFECTO DE PROGRAMAS SOCIALES FUE NULO
Por su parte Ronalth Ochaeta, experto en políticas públicas, considera que los programas sociales no son negativos sino que pareciera que la corrupción se incrementó más en el gobierno del PP.
Es difícil calcular el impacto, por ejemplo, en términos monetarios, que se pusieron en juego, ya que se utilizaron para compra de granos básicos y ese dinero desapareció de las arcas del Estado y fue a parar a otras manos; segundo, era un producto malo, ni siquiera de consumo animal, anotó el experto sobre el caso de El Bodegón.
El impacto en este caso es que muchas personas habrían muerto de hambre, expresó Ochaeta.
Si usted revisa los indicadores, son alarmantes o si revisa los resultados de la Encovi observa que Guatemala se empobreció más, y no solo eso, más gente se murió debido a la desnutrición y ahí se evidencia que la política social tiene muchas debilidades, principalmente en compras y contrataciones y diseño de programas, expresó.
Por otro lado, Ochaeta, comentó que la solución a fin de lograr transparencia radica en mejorar los procesos de los programas sociales a fin de eliminar el efecto de la corrupción, “se debe hacer una revisión de la adjudicación y compras que tiene este Ministerio particularmente”.
Este caso, a decir del analista, podría llegar, incluso, a ser comparado con el de IGSS-Pisa, porque hubo personas que habrían muerto, aunque por el momento no se ha visibilizado.
La gente que fue beneficiaria de estos programas está fuera del sistema, es gente que no es visible, la pregunta es: ¿cuántas personas murieron como consecuencia?, es algo que no hemos deducido, aseguró.
Ochaeta aseguró que es notorio que el efecto de los programas sociales durante el gobierno del PP, a fin de reducir la pobreza y desnutrición fue nula.
SE VULNERAN DERECHOS DE LOS QUE NO TIENEN RECURSOS
A criterio de Zulma Calderón, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, es en este tipo de casos cuando más se vulneran los derechos de las personas que no tienen recursos y que demuestra el fracaso de las acciones de la Ventana de los Mil Días.
“No solo fue la estafa en la situación que se dio sino, además, la situación tan lamentable de haber puesto en riesgo la salud de las personas, con este tipo de alimentos; recordemos que consumir este tipo de productos nos eleva el riesgo de padecer algunas enfermedades, sobre todo por alimentos”, dijo la representante de la PDH.
Las consecuencias en la salud por el consumo de estos alimentos, a decir de Calderón, van desde síndromes estomacales, hasta una fiebre tifoidea, y que podría haber hecho que los índices por desnutrición se elevaran.
CONTRALORÍA DEBIÓ ALERTAR
Para Luis Linares de la Asociación de Investigación en Estudios Sociales, (Asíes), es la CGC la que debió alertar la negociación el Caso de El Bodegón, porque en este caso se permitió su compra durante el Estado de Calamidad aprobado.
“Es uno de los defectos que se tenía de que con un estado de Calamidad se aprovechara para comprar casi cualquier cosa o que no estuviera directamente vinculada con el tema de la calamidad, eso lo permitía la Ley antes, dijo Linares.
En tanto expresó que con las reformas realizadas a la Ley de Compras y Contrataciones se logró reducir el margen de discrecionalidad en situaciones como la registrada en 2014, que se prestaban a negociaciones de dudosa justificación que servían para eludir los procedimientos.
CIFRAS
9 millones 373 mil guatemaltecos vivían en condiciones de pobreza para 2014.
7 de cada 10 menores de edad, habitan en hogares pobres, de acuerdo a la Encovi.
Alta Verapaz, Sololá y Totonicapán registraron los niveles más altos de pobreza.
Q7 mil 13 millones se invirtió en programas sociales en los últimos 8 años.
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