Medidas de hecho e ingobernabilidad

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La semana pasada, dos medidas de hecho tomadas por igual número de grupos sociales paralizaron por algunas horas partes importantes de la capital, con resultado de daños económicos cuantiosos. Tuvo, además, el terrible efecto de acercar al país a la ingobernabilidad, porque en última instancia comprueba la incapacidad del Gobierno, al igual que sus predecesores, de hacer prevalecer el beneficio de la generalidad y, con ello, del país.

El martes, unas 200 personas obstaculizaron el paso al aeropuerto La Aurora con el fin de que el Gobierno les resuelva el problema de su vivienda, lo cual, aunque puede ser considerada una petición humana, es imposible, dada la magnitud del problema habitacional. Al día siguiente, la Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos ordenó el bloqueo del paso vehicular en la zona 7, la calzada Roosevelt y la zona 13, con la consiguiente paralización parcial de la capital guatemalteca.

En este segundo caso, se quiso justificar la acción a causa de que el dinero del subsidio al transporte urbano es entregado casi en su totalidad al sistema del Transmetro, empresa que por estar relacionada directamente con la municipalidad capitalina no puede ser considerada ejemplo de corrección. La medida es reprochable porque afecta directa o indirectamente a decenas de miles de personas, pero resultó ser exitosa: el ministro de Comunicaciones, Aldo García, se apresuró a recibirlos para darle largas al asunto con la decisión de crear una “mesa técnica”, a fin de llegar a un acuerdo.

Los gobiernos guatemaltecos, por la incapacidad de sus funcionarios y su temor a aplicar la ley, se han convertido en una especie de rehenes de las medidas de hecho y de las acciones que, aunque técnicamente no sean ilegales, provocan daños a personas inocentes. Es el caso de las manifestaciones de maestros y salubristas, bajo las órdenes de dirigentes cuestionados por sus acciones y por la forma como tradicionalmente han logrado beneficios, algunos de ellos absurdos, como es el caso del Congreso de la República.

El derecho de protesta sin duda es fundamental, pero su aplicación como forma de presión desmedida cae en el campo de la ilegalidad y obliga al Estado a actuar. Es muy simple de decir, pero no de aplicar. Lo mismo ocurre con la aplicación ideológica de la ley, con casos como la reciente decisión de la jueza Yassmin Barrios de liberar a activistas que se apropian de energía eléctrica sobre una supuesta base del derecho indígena, un concepto que puede tener, según sea considerado, el grave riesgo de aunarse a la serie de acciones contra la gobernabilidad del país.

Este temor de las autoridades para no actuar de acuerdo con sus posibilidades legales es un lamentable efecto de que en el pasado haya ocurrido un burdo y torpe rompimiento de las leyes en beneficio de grupos de poder económico y posteriormente político-militar. Los efectos negativos para el país de esta amalgama de incapacidad del Gobierno y de abusos de las partes que lo enfrentan seguirán en aumento y con ello provocarán la ingobernabilidad, cuyas manifestaciones son tan variadas como nefastas. No entender esto, como sociedad, resulta ser suicida: sin gobernabilidad no puede subsistir la sociedad.

Publicado por www.prensalibre.com el 22 de Agosto 2016 por Editorial.
http://www.prensalibre.com/opinion/opinion/medidas-de-hecho-e-ingobernabilidad

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