El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se han anotado un nuevo punto a su favor en la lucha contra la corrupción. Después de varios meses entre revisiones y contrarrevisiones de expedientes en los tribunales de justicia, finalmente la Corte Suprema decidió retirarle la inmunidad al tercero de los presidentes del Congreso de la República de la séptima legislatura dominada por el partido Patriota y por último por Líder.
Primero cayó Pedro Muadi, acusado de favorecer procesos de asignación de plazas fantasmas. Luego lo hizo Gudy Rivera, a quien se señala de tráfico de influencias, intentando comprar la voluntad de una jueza para favorecer caprichos de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, ofreciendo a cambio ser electa como magistrada de una sala de apelaciones.
Ayer, fue el turno de Luis Armando Rabbé Tejada, a quien se señala, junto al también expresidente del Legislativo, Arístides Baldomero Crespo Villegas, de ser los dos más grandes gestadores de plazas fantasmas del Congreso de los últimos tiempos.
La Corte Suprema de Justicia decidió retirarle la inmunidad a Rabbé, por considerar que existen suficientes indicios para que un juzgado proceda con la investigación que determine si se le procesa penalmente o no.
Esa séptima legislatura pasará a la historia como la más corrupta descubierta por el Ministerio Público y la CICIG. Más de una decena de diputados de esa generación son procesados ante los tribunales por diversos casos relacionados con la corrupción. Y es muy probable que la historia no concluya ahí, pues las investigaciones continúan y, como ha sucedido con el gobierno de Otto Pérez Molina, entre más se escarba más podredumbre se encuentra.
Guatemala puede cambiar, no se debe desaprovechar la oportunidad. El sistema de persecución penal está funcionando, el sistema de justicia está haciendo lo suyo en alguna medida. Falta que el Congreso cambie realmente, aunque en los últimos meses algo se ha hecho. Y, por último, el Ejecutivo debe tomar ya en serio su labor y actuar. En sus manos está el recuperar la confianza de los guatemaltecos, haciendo que cada una de las instituciones cumpla con su papel. Solo así Guatemala podrá ser otra. Una nación que garantice a sus ciudadanos el respeto total de sus derechos, pero haciéndoles cumplir sus obligaciones. Es más, estamos seguros que si el Estado juega bien a garantizar el respeto de los derechos ciudadanos, la población responderá con voluntad ante sus responsabilidades, dando lugar así al pleno reino del Estado de derecho.
El respeto a la ley, como cumplimiento de las obligaciones ciudadanas, será el principio de un real y verdadero cambio que solo puede redundar en beneficio de toda la sociedad.
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