Cometería un grave error el Congreso si no lee adecuadamente las señales de los tiempos.
Durante décadas se viene gastando lo que no se tiene; se gasta más sin evaluar los resultados del gasto previo; se asignan más recursos al gasto social pero los resultados no se ven por ningún lado; se honran leoninos compromisos de pactos colectivos con los trabajadores del Estado pero no se evalúa adecuadamente el desempeño de sus beneficiarios; se habla de combatir la corrupción desde sus raíces pero rara vez se atacan de forma sistémica los incentivos que la originan; se insiste en la necesidad de incrementar la inversión pública pero poco se hace para mejorar su planificación y evaluación, mucho menos por erradicar las malas prácticas en su ejecución. Aún así, dentro de sus delirios todavía hay quienes creen posible que mejorar la calidad del gasto sin atacar estos problemas de fondo. No resulta raro ni reprochable, pues, que una inmensa mayoría de guatemaltecos no estén de acuerdo con el “Parche Tributario” o “Error Tributario”, como algunos han calificado a la propuesta oficial de reforma impositiva.
Una cosa es creer en las promesas oficiales “que todo está bajo control”, otra muy distinta creer que el gobierno tiene la capacidad de hacer cumplir dicha promesa. En ese sentido, resulta inconcebible es destinar una fracción importante de estos recursos a fuentes comprobadas de corrupción. En todo caso, mejor hubiese sido haber otorgado el control sobre esos montos a la nueva ministra de salud para que ejecutara sus planes y pudiera cumplir su promesa de reformar profundamente el sistema de salud. Cuando la propuesta hace referencia a la necesidad de mejorar la calidad del gasto no se dan detalles acerca de cómo se piensa lograr este resultado, tal y como sucede con la necesaria y urgente reforma a la llamada Ley “Dorival” de Contrataciones, en referencia a su excesivo enfoque en los síntomas y no en la las causas raíz de la corrupción. Lo mismo sucede con los pactos colectivos, a pesar de la amenaza latente de la renegociación de los pactos con salubristas y maestros; nada se dice acerca de la urgencia de limitar el tipo y monto de beneficios que pueden otorgarse por esta vía en el sector público. Tampoco se dice mayor cosa sobre la urgencia de resolver problemas estructurales como la excesiva rigidez del gasto; el desfinanciamiento del régimen de Clases Pasivas de Trabajadores del Estado; de la ejecución vía Consejos de Desarrollo; etcétera.
Contrario a lo que podría creer un inexperto, para quien “en el camino se arreglan las carretas” o lo que podría creer un charlatán, para quien todo se reduce a un asunto de ingenio, la experiencia también demuestra que sin estas reformas nada cambiará en materia de gasto y que Guatemala vive hoy un momento único que permitiría abordar las mismas de forma integral. Cometería un grave error el Congreso si no lee adecuadamente las señales de los tiempos; aprobar de manera acelerada otra casuística, oportunista y limitada reforma demostraría que los políticos prefieren vivir en el pasado.
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