Ligados

Con todo y lo que ha durado esta primera etapa jurídica del caso Cooptación del Estado, debemos ser conscientes de que apenas es el primer paso de un camino muy largo para este caso en particular y un camino sin fin para la lucha contra la corrupción. No nos engañemos, este caso ni de chiste termina con los robos dentro del Gobierno. Lo que es más, desde mi perspectiva, ni siquiera ha llegado a tocar la verdadera corrupción.

Definitivamente, la magnitud y las implicaciones que tiene un caso como este son muchas y, en el caso particular de Guatemala, inéditas.

En un país como el nuestro, donde la impunidad ha estado a la orden del día y, como consecuencia, se ha ido incrustando con el paso de los años un sistema plagado de corrupción, hasta hace poco era impensable que se persiguiera, capturara y llevara a juicio a muchos de los principales funcionarios del Gobierno.

Afortunadamente, los tiempos están cambiando y vemos algunas esperanzas de que la situación puede cambiar. Para lograrlo se necesitan muchos componentes, entre los cuales uno de los principales es el sistema jurídico, que en este caso ha funcionado bien.

La actuación del juez Gálvez hasta el momento ha sido muy correcta. Se ha tomado el tiempo para explicar —casi a nivel de trocitos— cada uno de los argumentos que ha utilizado para tomar decisiones. Ha presentado las evidencias en que se basó. Incluso llegó al punto —para mí muy válido y correcto— de no utilizar como base la declaración de Juan Carlos Monzón, sino, como debe ser, las evidencias que el Ministerio Público encontró.

Considero que en este punto en particular el juez dio una lección no solo a los abogados defensores que centraron su argumentación en descalificar a Monzón en lugar de desvirtuar las pruebas presentadas, sino también al MP y la Cicig, en cuanto al uso de los colaboradores eficaces. Como muy bien lo dijo el juez: “¿Cómo le van a pedir al colaborador eficaz calidad moral, si se supone que él es pícaro y delincuente?”

El juez también mostró su independencia del MP y la Cicig, al no aceptar a pie juntillas todas las acusaciones hechas por ellos, sino que llegó incluso a determinar que en el caso de cuatro de los acusados no había evidencia suficiente para ligarlos a proceso y decretó la falta de mérito. En cuanto a los otros 53, los ligó a proceso y ahora tendrán que seguir el largo y extenuante proceso de tratar de desvirtuar las acusaciones en su contra.

Ahora bien, me gustó mucho que el juez dijera que para las acusaciones específicas de corrupción por comisiones se debe investigar y acusar a quienes participaron directamente en cada caso. Esto es importantísimo porque allí precisamente es donde está el meollo de la corrupción. Eso es lo que se debe perseguir, pero hasta la fecha todavía no se ha llegado a acusaciones específicas y directas en casos de corrupción.

De allí que no nos debe extrañar que la corrupción siga boyante en el Gobierno, como bien lo ejemplifica el caso de los trompos sobrevaloradísimos que querían comprar algunos funcionarios del Ministerio de Cultura y Deportes esta semana. Aunque es un caso pequeño, es una muestra de cómo se cometen los robos en la administración pública: trompos que se pueden conseguir por menos de cuatro o cinco quetzales en la calle, los pícaros en el Gobierno los iban a comprar en casi Q20. Lo crítico es que de este caso nos enteramos por el esfuerzo y acuciosidad de un reportero, pero si él no lo hubiera encontrado, a estas alturas el robo ya estaría consumado. ¿De cuántas otras compras como estas a lo largo y ancho de todo el gobierno no nos enteramos?

Por eso hay que estar vigilantes. Este es apenas un primer paso, pero la guerra contra la corrupción nunca se acaba y todos debemos involucrarnos en ella.