El Presidente en funciones del Banguat reconoció desaceleración económica en el país. Unido a lo anterior, el informe de dicho banco sobre la confianza empresarial para el semestre venidero aclara que se ha perdido la credibilidad y eso incide en el cálculo económico al no poder predecir actuaciones que permitan planificar con suficiente garantía.
El país se ha manejado históricamente en un círculo vicioso, del que todos hemos formado parte. Un empresario —restaurante, hotel o exportador— que compra fruta, carne, café o palos de escoba, por poner varios ejemplos, acude, normalmente, a un intermediario que le consigue dichos productos en proveedores menores o detallistas, a quienes los adquiere sin factura porque aquellos no están dados de alta en la SAT. Una vez la mercancía en su poder, la traslada, formalizando la venta, al comprador final que los ofrece en su negocio o exporta.
En el proceso hay dos partes diferenciadas. La primera, no genera factura ni paga impuestos porque los proveedores están en la economía informal, producto, en parte, del elevado costo de formalizarse. La segunda —en la legalidad— contribuye a la SAT con lo que corresponde en ley. Hay un punto de ruptura: el paso a la formalidad y la imposibilidad de justificarlo documentalmente porque no se recibieron facturas de quienes vendieron a granel. La factura especial palió el problema, pero también activó la picaresca.
La informalidad ha sido por años el punto débil del sistema fiscal, y los sucesivos gobiernos no han hecho absolutamente nada por arreglarlo, ya que supone un altísimo costo electoral, fuerte rechazo social y promovería acciones que seguramente se tornarían violentas. Por su parte, a las empresas no les queda de otra que operar “como es normal”, forma permitida por el poder político, aceptada por el judicial y promovida entre los ciudadanos. Vaya usted si no a un mercado o a la terminal y verá mover diariamente millones sin una sola factura que los sustente ni la SAT que se preocupe por atajarlo. Tiene dos opciones: no comprar y quedarse sin el producto o adquirirlo sin factura y cometer un “ilícito”. Lo trascendente es que todos hemos comprado ahí y nadie cuestiona el sistema porque además no hay otra alternativa.
La confrontación actual obedece, en parte, a una SAT que quiere llegar a sus metas recaudatorias porque de lo contrario la ley saca al superintendente y ese incentivo perverso —que habría que suprimir— lo hace actuar agresivamente para “permanecer en el cargo”. De otra, empresariados honestos que no confían en una institución que ha demostrado su ineficiencia e institucionalizado los apaños, razón por la que dos exsuperintendentes están en prisión, y otros deshonestos, mañosos y aprovechados.
Hay que sentarse a buscar soluciones sin más presión que hacer bien las cosas. Mediar debería haber sido el papel que asumiera el presidente Morales. Sin embargo, lejos de entender con claridad el círculo vicioso descrito, y su impacto social y económico, justifica en redes cómo “trabaja arduamente” o se dedica a repartir pupitres o medicinas donadas, cuando no marca marcialmente el paso. De ahí la percepción de reprobación de su gestión, cuyas encuestas fueron publicadas en este medio.
Se requiere liderazgo para hacer converger intereses y no quedarse tras las candilejas teatrales sin haber aprendido el guión. Esa pugna, entre recaudador y contribuyentes, no sirve para alcanzar los objetivos de saneamiento nacional ni promueve el crecimiento necesario, pero no nos engañemos: todos somos culpables.
¡Seamos sensatos y actuemos racionalmente!
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